ANILÚ «ULTRAJA» AL «DOCTOR» HUGO
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
ANILÚ «ULTRAJA» AL «DOCTOR» HUGO
Hace tres años, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado arribó a Veracruz para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública…
Presumiendo inclusive un doctorado que supuestamente había cursado en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología, de Monterrey, Nuevo León, título académico que fue desmentido por la revista Proceso en diciembre de 2018.
Ayer, al comparecer por tercera ocasión ante el Congreso local, Gutiérrez –quien según versión de su exjefe, el exprocurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, fue despedido de esa dependencia en 2017 “por una decisión absoluta” del gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”–, dejó en evidencia su escaso dominio del Derecho. Y es que al preguntarle la diputada priista Anilú Ingram su “definición de ultrajes a la autoridad”, el jefe policiaco respondió cantinflescamente: “El tema de los ultrajes a la autoridad… Fíjate, te voy a platicar más o menos toda la historia de los ultrajes a la autoridad, porque yo fui policía y yo lo viví. El ultrajes a la autoridad, siempre en el Código de Veracruz, ha existido. Siempre. Desde que se creó el Código de Veracruz se existió. Las reformas que se hicieron al ultrajes a la autoridad fue en la anterior Legislatura, que eso se los agradezco. ¿Por qué? Porque el policía también es humano, el policía también tiene familia, al policía tienes que protegerlo. Si tú al policía no lo proteges, la delincuencia organizada no va a querer captar…”
Gutiérrez Maldonado parece desconocer que además de ser derogado en otros estados, en marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos contra algunas personas en contexto de protesta en la Ciudad de México, demostrando su uso criminalizante contra la libre expresión.
“La SCJN determinó que ese delito va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad”, remarcó la organización Artículo 19 en marzo pasado al reprobar que precisamente por este delito, a principios de ese mes, Antonio de Marco Arango, director del medio digital Foro Tuxpan, había sido detenido durante 36 horas por policías ministeriales de la Fiscalía estatal.
Inclusive, el 4 de mayo pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la modificación en la ley que quedó registrada en el expediente 66/2021, además de que diputados de oposición presentaron una en el expediente 59/2021, ya que este anteriormente este delito se penalizaba con 6 meses a 2 años de prisión, y ahora tiene agravantes que se penalizan con 5 y 7 años de cárcel. El sábado antepasado, el líder del Senado, Ricardo Monreal, denunció en un video el caso de seis jóvenes xalapeños detenidos hace tres meses por este delito que, dijo, “se ha puesto de moda” y que “ha conducido a las cárceles veracruzanas a decenas de personas sin darles el derecho a una medida cautelar en libertad”.
