INE FAVORECE A NAHLE

AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

INE FAVORECE A NAHLE

Además de que Rocío Nahle tiene la ventaja de ser la más cercana al presidente López Obrador –en 2015, por ejemplo, siendo dirigente nacional de Morena, AMLO designó a la entonces diputada federal de Coatzacoalcos coordinadora de la primera bancada de legisladores morenistas, y en diciembre de 2018 la nombró secretaria de Energía, encomendándole fortalecer a Pemex y a la CFE, así como desarrollar el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, una de las tres obras icónicas de la administración obradorista–, la titular de la Sener, aunque nativa de Zacatecas, también llevaría mano sobre los demás aspirantes de su partido a la gubernatura de Veracruz debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) está por obligar a los partidos políticos a que postulen a partir de 2021 a mujeres en la mitad de los estados en los que se elegirán gobernadores.

El año entrante, por ejemplo, se renovarán las gubernaturas de 15 entidades. El INE vigilará que en 8 sean nominadas candidatas, esto para cumplir con una sentencia del Tribunal Federal Electoral, con el argumento de que los institutos políticos no han cumplido con el precepto de “paridad en todo”.

 LA DISPUTA DEL SUR

Aunque el Gobierno del Estado ha negado reiteradamente que en Veracruz existan grupos de autodefensas, el martes 24 de marzo de este año, hace siete meses, habitantes de cinco poblados del sur de la entidad se organizaron para defenderse a sí mismos de la violencia y amenazas del crimen organizado.

Ese día, civiles armados acompañados de cientos de pobladores recorrieron la región de San Juan Evangelista para exhibir, con fotografías y pancartas colgadas en sus camionetas, a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como Raúl Torres, (a) La Quija”, un ex policía ministerial de Coatzacoalcos y ex agente del Instituto de Migración, y los hermanos Daniel Linares Rivera, (a) “El 27”, y César Linares, (a) “El Filly”, a quien además del cobro de piso a negocios le imputaban el asesinato del ex director de la Policía Municipal, Raymundo Prior, su antecesor Mariano Rodríguez y el regidor Saúl Velázquez.

Los integrantes de las autodefensas comunitarias aseguraron que estos tres sujetos habían infiltrado agrupaciones sociales y políticas, además de montar dos oficinas en las que cobraban 200 pesos por viaje a los camioneros de la zona.

“Mucha gente se fue del pueblo por miedo a los malandros”, declaró un dirigente comunitario de esa región, quien pidió al gobierno estatal que los auxiliara, pues dijo que temían pasar por el municipio de Sayula de Alemán “porque tienen 20 ‘halcones’ en toda la carretera”.

“La Quija”, “El 27” y “El Filly” operan la célula delincuencial “Los Ochenta”, una escisión del CJNG que controla actividades ilícitas como el secuestro, homicidio y cobro de cuotas a agricultores, comerciantes y ganaderos.

También señalaron a Samuel Rutureta como el encargado de cobrar extorsiones a transportistas a nombre del CJNG, y al abogado Cristian Guillermo Antonio, (a) “El Lic”, dedicado a litigar los asuntos legales de sus presuntos cómplices.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado, esta banda criminal es liderada por José Roberto Sánchez Cortés, (a) “El 80” o “El Huevochas”, quien en la administración del ex gobernador Javier Duarte fue titular de la Agencia Primera Investigadora de la Fiscalía General del Estado en Acayucan. Posteriormente, el 22 de julio de 2018, en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares fue boletinado como jefe de esa plaza sureña y se ofreció un millón de pesos de recompensa a quien diera informes para su captura. Pero hasta la fecha sigue prófugo.

En 2017, miembros del CJNG tomaron el control del sur de Veracruz luego del debilitamiento de la organización criminal Los Zetas, que lideraban José Giraldo García, (a) “El Cubano”, y Hernán Martínez Zavaleta, (a) “El Comandante H”, actualmente presos.

Los hechos violentos suscitados este miércoles, que iniciaron en  la región de Acayucan y se extendieron hasta Coatzacoalcos –donde el grupo de “El 80” bloqueó carreteras e incendió autobuses y vehículos en represalia por la ejecución de cuatro de  sus “muchachos” que, dice, “no mataban a inocentes, no robaban, ni andaban dañando a gente buena, sólo hacían la ‘limpia’ que nadie hacía y defendían a los inocentes”, los cuales asegura que sólo portaban dos armas cortas y ya iban rumbo a sus casas, y que estando heridos fueron “rematados” por 24 elementos de la Fuerza Civil– tienen que ver precisamente con la disputa de esta estratégica plaza, pues el capo Sánchez Cortés mandó a colgar lonas y difundió mensajes en contra del secretario de Seguridad Pública, el neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado, reprochándole por “tus malditos ‘Zetas’ que trajiste de Monterrey”.

De acuerdo con un predictamen que se prevé aprobar este viernes 6 de noviembre por el Consejo General del INE, se argumenta que debido a que los Órganos Públicos Locales Electorales no cuentan con atribuciones para garantizar la postulación paritaria, el instituto federal será el único facultado para obligar a que se cumplan las reformas de 2014 y 2019.

En el proyecto se establece que “si un partido político, coalición o candidatura común postula en una entidad federativa a una persona del género que no corresponde, será requerido para que, en un plazo de 72 horas, realice la sustitución pertinente para cumplir el principio de paridad”, advirtiendo que quien no haya realizado el cambio requerido, “perderá el derecho de postular candidatura”.

Este sorpresivo factor aparentemente posicionaría a Nahle García por encima del senador Ricardo Ahued, su popular excompañero de escaño, y de Manuel Huerta, quien como súper delegado de la Secretaría de Bienestar se supone que es ampliamente conocido en Veracruz por los cientos de miles de adultos mayores que reciben pensiones, campesinos inscritos al padrón de “Sembrando vida” y jóvenes becarios, entre otros beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

Los enemigos políticos de Huerta, además, también podrían inhabilitarlo para ser candidato a otra diputación federal en 2021 o a la senaduría o gubernatura en el 2024, pues acaba de ser denunciado en la Fiscalía General del Estado por presunto abuso sexual.

Y es que la semana anterior, el Consejo General del INE determinó que para ser candidatos, los aspirantes a un puesto de elección popular deberán firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que se establezca que no han sido sancionados por cometer violencia familiar o delitos sexuales, y tampoco ser deudores de pensiones alimenticias.