No hay transparencia y rendición de cuentas en el sector energético, afirma Julián Loyo-Helo

• La Comisión Federal de Electricidad no fue rentable y no cumplió con las metas de generación en 2019, es indispensable mejorar los mecanismos legales para garantizar la transparencia y asegurar la rendición de cuentas para el desarrollo de la industria en el país y combate a la corrupción, aseguró el especialista Julián Loyo-Helo.

Xalapa

Julián Loyo-Helo, especialista en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto y del Grupo Promotor de la Cámara Nacional de la Industria Energética, señala que en el sector eléctrico, después de conocer los resultados de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, en la que señala que la Comisión Federal de Electricidad no fue rentable y no cumplió con las metas de generación en 2019, es indispensable mejorar los mecanismos legales para garantizar la transparencia y asegurar la rendición de cuentas para el desarrollo de la industria en el país y combate a la corrupción.

En el sector de los hidrocarburos el Banco de México y la Comisión Nacional de Hidrocarburos tienen la obligación de rendir cuentas y transparentar procesos, tan solo de ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado por concepto de Regalía Base y Regalía Adicional de enero a junio de 2019 fueron de 77,295,813 dólares, lo cual, se traduce en Ingresos presupuestarios dirigidos a los diferentes fondos de estabilización de ingresos, sectoriales, entidades federativas y Presupuesto de Egresos de la Federación.

Hay opacidad en los mecanismos para el cumplimento de los contratos suscritos con el Estado Mexicano; las políticas públicas para garantizar y potenciar la inversión extranjera; los controles de destino de los ingresos por renta petrolera al Presupuesto de Egresos de la Federación; las estrategias de fortalecimiento de la hacienda pública; la administración de riesgos, testigos sociales e impactos ambientales y así como, sanciones por incumplimiento.

De no contar con mecanismos eficaces, se corre el riego de un retorno autoritario y uso discrecional de información y recursos por parte de las instituciones del Estado.