Se afinan detalles para la implementación de la Política Estatal Anticorrupción en Veracruz

  • La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, se suma al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Xalapa

Como parte del compromiso en el combate a la corrupción, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz asistió a la sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Tal y como lo indica la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz participó en las actividades como parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, mismo que está integrado por los titulares de los entes gubernamentales de los tres Poderes Estatales y Organismos Autónomos.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que establece el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción, se han llevado a cabo diversas diligencias para crear la Política Estatal Anticorrupción de Veracruz, cuya fecha de aprobación se instauró en esta sesión.

Estos objetivos y acciones realizadas en las mesas de trabajo por los Entes gubernamentales se presentaron en el pleno del Comité Coordinador para el conocimiento y difusión por parte de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, quienes coadyuvan a la implementación de políticas públicas, anticorrupción efectivas y de impacto en beneficio de las y los veracruzanos.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz se sumará a las 202 acciones básicas que realizaron los distintos entes pertenecientes al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, mismas que están siendo definidas por la Magistrada Presidenta, Isabel Inés Romero Cruz y los miembros del Tribunal Superior de Justicia.

El Sistema Estatal Anticorrupción busca prevenir los actos irregulares a través de la Contraloría General del Estado (CGE) y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), revisar el actuar por medio del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y finalmente, emitir alguna sanción de ser el caso, por medio del Poder Judicial del Estado de Veracruz y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).