Aprueba Congreso nueva Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado
- Con 48 votos, avalan diputadas y diputados la iniciativa enviada el pasado 26 de noviembre por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Xalapa
Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la nueva Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo objeto es crear y establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del estado, en los términos que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política local y demás normativa aplicable.
Esta Ley, aprobada durante la quinta sesión ordinaria con 48 votos, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 26 de noviembre por el gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y que analizó y dictaminó a favor la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo a la nueva Ley, se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como un Organismo Público Descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.
Dicho Centro tendrá por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, a fin de procurar el equilibrio entre los trabajadores y patrones, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.
El patrimonio del Centro se integra por: los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, por cualquier título legal; los recursos financieros que se le asignen en los Presupuestos de Egresos del Estado y la Federación para su funcionamiento y las aportaciones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales; los poderes judiciales federal y estatal le otorguen, así como donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciban del sector social y privado.
Tendrá como atribuciones el ofrecer el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, impulsar la difusión y divulgación de sus servicios, llevándolos al público en general para fomentar la cultura de paz; celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la presente Ley y su Reglamento; expedir constancias de no conciliación y copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes de los archivos del Centro, entre otras.
La administración del Centro estará a cargo de una Junta de Gobierno, el cual estará integrada por el Poder Ejecutivo Estatal, quien la presidirá y su suplente será la persona Titular de la Secretaría, así como por los titulares de las Secretarías de Gobierno (Segob) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la Dirección General del Centro, quien fungirá en las sesiones como Secretaría Técnica, y un Comisario que será designado por la Contraloría General.
El Centro iniciará sus operaciones con posterioridad a la declaratoria que emita este Congreso del Estado, prevista en el transitorio cuarto del Decreto 531 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de implementación a nivel local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral, publicado en la Gaceta Oficial el cuatro de febrero de 2020.
Al participar en el debate de este punto del Orden del Día, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez subrayó que esta Ley tendrá un impacto benéfico para las y los trabajadores veracruzanos, porque en caso de encontrarse en la necesidad de proteger y hacer respetar sus derechos laborales individuales y colectivos, podrán acudir a un organismo diseñado para que en él puedan conciliar y evitar ir a juicios, “los cuales suelen ser tardados y onerosos”, puntualizó.
