“Policías me violaron y torturaron durante 7 horas para que confesara el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid”: July Flores

• “Habla, perra, o matamos a tu familia. Si queremos hacemos una llamada ahorita mismo para que los maten”, denuncia la víctima que le gritaban los elementos de la Fiscalía que la mantenían completamente desnuda, mientras la golpeaban en los senos, la vagina, la cabeza y las costillas.
• Sobre los hechos denunciados, existen tres Carpetas de Investigación: la 02/2020 de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Mujer; la 63/2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como la 02/2021 de la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura.

Xalapa

A casi 8 meses del crimen, y aunque hubo dos detenciones por el caso, la Fiscalía de Veracruz sigue sin resolver el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, en Emiliano Zapata, María Guadalupe Martínez Aguilar, y ahora policías ministeriales son acusados por una de las aprehendidas de torturarla y de fabricar pruebas.
Se trata de July Raquel “N”, de 29 años, actualmente presa en el penal de Pacho Viejo, quien acusó que elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) la violaron y torturaron con el objetivo de hacerla “confesar” para involucrarla en el asesinato ocurrido en junio del año pasado.
La denunciante señala que el pasado 6 de noviembre del 2020, fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía de Veracruz, mientras conducía en compañía de su esposo y sus hijos de 9 y 6 años de edad, respectivamente.
No obstante, de acuerdo con el testimonio de la víctima, publicado por Animal Político, cuatro elementos de la policía ministerial de la Fiscalía de Veracruz la violaron y torturaron durante casi 8 horas, desde las 11:40 p.m. del 6 de noviembre del año pasado, hasta las 7:30 a.m. del día siguiente. Según los policías ministeriales, fue el tiempo que les llevó trasladar a July Raquel desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Xalapa.
“Habla, perra, o matamos a tu familia. Si queremos hacemos una llamada ahorita mismo para que los maten”, denuncia la víctima que le gritaban los elementos de la Fiscalía que la mantenían completamente desnuda, mientras la golpeaban en los senos, la vagina, la cabeza y las costillas.
Según su testimonio, los cuatro policías ministeriales habrían abusado sexualmente de ella.
Sin embargo, July Raquel no confesó. Ante su silencio, los elementos aprehensores aplicaron otros métodos de tortura: primero, colocando una bolsa gruesa de plástico sobre su cabeza para asfixiarla. Después, aplicándole descargas eléctricas en las ingles y el bajo vientre.
Como consecuencia de las torturas infligidas, perdió el conocimiento y tuvo que ser reanimada por los propios policías ministeriales.
Cuando por fin la pusieron a disposición del Juez Marco Antonio Rodríguez Lobato, le fue designado un defensor de oficio. Después de contarle sobre las torturas y abusos recibidos por parte de los elementos de la Fiscalía, su defensor de oficio le dijo que no manifestara nada de eso ante el Juez, porque le iba a ir peor. Asimismo, que él no podía ir contra el Estado que le paga.
Sin embargo, días después, cuando July pudo designar a un abogado defensor de su elección, denunció tanto la violencia sexual como la tortura, en donde se acreditó que aún contaba con inflamación y hemorragias vaginales, así como lesiones en las costillas.
Sobre los hechos denunciados, existen tres Carpetas de Investigación: la 02/2020 de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Mujer; la 63/2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como la 02/2021 de la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura.

Sin embargo, todas ellas son integradas por la propia Fiscalía General del Estado, a la que pertenecen sus agresores.
Además, según la familia de July Raquel, la Fiscalía ha insistido en mantenerla en prisión, a pesar de que existen pruebas de que se encontraba a más de 400 kilómetros del lugar en donde ocurrieron los hechos en que supuestamente estuvo involucrada.
El delito que los policías ministeriales de Veracruz presuntamente querían que July confesara, era el homicidio de la Rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, el 29 de junio de 2020.
La Rectora, fue ejecutada de un disparo en la cabeza, y los cuatro involucrados en el homicidio huyeron a bordo de un vehículo Honda City blanco, modelo 2018, con placas de la Ciudad de México. Vehículo que ella conducía el día en que fue detenida.
Sin embargo, July Raquel Flores contaría con pruebas de que, el día de los hechos, se encontraba a 400 kilómetros de distancia:
– July Raquel Flores y su padre, se dedican a la jardinería. El 29 de junio de 2020, se encontraban plantando pasto en un kínder de la Ciudad de México, a casi 400 kilómetros del lugar de los hechos. La presencia de July Raquel en el kínder durante aquel día, ha sido corroborada por la dueña del centro escolar, quien además exhibió las conversaciones sostenidas con ella ese día, en las que se observa cómo coordinaron el servicio, así como la transferencia del pago realizado por el servicio de jardinería.
– Que July Raquel se encontraba realizando trabajos de jardinería mientras la Rectora de la Universidad Valladolid era privada de la vida, también lo confirmó Armando Bautista Gómez, diputado local en el Estado de México por el Partido del Trabajo, quien también se encontraba presente en el kínder de la Ciudad de México el 29 de junio de 2020.
De acuerdo con sus familiares, lo único que vincula a July Raquel Flores con el crimen de la Rectora, es el vehículo Honda City blanco. Sin embargo, pueden acreditar que ese coche no es de su propiedad, sino de un tercero que lo renta a diversas personas que busquen desempeñarse como conductores de Uber.
De acuerdo con un oficio entregado por Uber, July Raquel no utilizó ese vehículo durante el mes de junio en que ocurrieron los hechos, sino hasta a partir del 6 de julio del 2020.
Para vincularla con el crimen, la Fiscalía General del Estado presentó un supuesto contrato de compra venta del vehículo, fechado en diciembre del 2019. Sin embargo, en el contrato aparecería una firma distinta a la de su credencial de elector.
A pesar de que han exigido que se realice una prueba para desmentir que la firma que aparece en el supuesto contrato es la de ella, ésta no ha sido realizada.