Rocío Nahle: el compadrazgo tóxico
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Rocío Nahle: el compadrazgo tóxico
El primer conflicto político que enfrentó como gobernador Cuitláhuac García fue el violento rechazo del pueblo de Chinameca al relleno sanitario que proyectaban instalar en ese municipio sureño de la sierra de Soteapan para resolver el problema del tiradero a cielo abierto ubicado sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán.
En esa ocasión, el 9 de enero de 2019, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, escapó en la batea de una camioneta pick-up, mientras el mandatario era retenido en el parque de la cabecera municipal por alrededor de 8 mil habitantes que le exigían que públicamente se comprometieron con ellos a que ese depósito de desechos sólidos no sería instalado, lo que García Jiménez tuvo que conceder ya caída la noche para poder retornar a Xalapa.
El escándalo alcanzó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al trascender que el beneficiario de este proyecto repudiado por los pobladores de Chinameca era la familia de su compadre Arturo Quintanilla Hayek, dueños de la empresa Gravas del Sureste, en cuyo terreno de 127 hectáreas se ubicaría el centro integral de tratamiento de residuos sólidos.
Ante los señalamientos, la senadora de Veracruz con licencia tuvo que admitir que «efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en el asunto», refiriéndose al megaproyecto del relleno sanitario regional.
Sin embargo, casi cinco meses después, el 22 de mayo de 2019, estalló otro escándalo al darse a conocer que para el acondicionamiento de los terrenos para la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco –que el presidente López Obrador le encargó directamente a Nahle– , Petróleos Mexicanos había asignado por «invitación restringida» un contrato por casi 5 mil millones de pesos a un consorcio holandés asociado con Grupo Huerta Madre, SAPI de CV, empresa constituida apenas días antes por Quintanilla Hayek, cuyo giro empresarial era hasta entonces en los ramos de la construcción, los bienes raíces y la comercialización de la herramienta especializada, pero no figuraba como proveedor de Pemex ni en la industria petrolera hasta este sexenio.
Este martes 23, el Diario Oficial de la Federación publicó las sanciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó a dos empresas a las que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les rescindió el contrato por incumplir la entrega de ventiladores para pacientes Covid-19.
Una de las multadas y sancionadas con 3 años 9 meses de inhabilitación es Bidcom Energy SA de CV, propiedad de los hermanos Josué y Jaime Quintanilla Ayache, sobrinos del compadre de Nahle, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez.
En el caso de Bidcom Energy, conforme a la denuncia de la legisladora panista presentada el 1 de junio de 2020 ante la SFP, el IMSS le adjudicó un contrato por 114 millones de pesos para adquirir ventiladores pese a que ofreció un precio superior al existente en el mercado ya que la empresa, de reciente creación, no tenía experiencia en el sector de insumos médicos.
