La lucha por la democracia Historia de las elecciones en México

• Pese a que las primeras elecciones en México fueron en 1812, fue hasta 1990 cuando se crea la credencial de elector con fotografía, con validez de documento oficial de identidad.

En 1990 se establece que el Tribunal Federal Electoral será la instancia definitiva en la resolución de los recursos de apelación e inconformidad.

CIUDAD DE MÉXICO | EL UNIVERSAL

En México las primeras elecciones se realizaron en los años 1812-1824, en medio de una guerra civil que marcaba el proceso de disolución del orden colonial. Estas elecciones se hicieron bajo el ordenamiento legal de la Constitución de Cádiz; la consecuencia de ello, a mediano plazo fue la presencia cada vez mayor de los cuerpos intermedios (cabildos, juntas, etc.) y con ello la relativa anarquía. El proceso de reorganización que siguió a las luchas de la independencia implicó una serie de marchas y contramarchas en la designación de autoridades; luego de la derrota del proyecto imperial, la restauración republicana reinstauró las elecciones, pero «al pueblo raso no le importaba la democracia; el voto lo tenía sin cuidado». El 26 de octubre de 1876 fue declarado reelecto Sebastián Lerdo de Tejada; y se inició un ciclo de golpes de estado, elecciones y reelecciones; fue cuando la figura de Porfirio Díaz adquirió especial relevancia. Gobernó sin interrupción desde 1884 hasta 1911.

El 6 de noviembre de 1911 se realizó la elección donde Madero y Pino Suárez, cuyo lema principal fue «Efectividad del Sufragio y No-Reelección», obtuvieron la presidencia y vicepresidencia del país; el 19 de diciembre de ese mismo año se aprobó una nueva ley electoral que daba personalidad jurídica a los partidos y establecía el voto secreto

Las leyes electorales fueron modificadas sucesivamente en varias ocasiones a través de los años, para adaptarlas a las condiciones cambiantes de la sociedad y adecuarlas a las tendencias internacionales (como el voto femenino).

Las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a diputados federales de la XLII Legislatura, luego de que Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México, promulgó el 17 de octubre de 1953 las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Sin embargo, no pudieron conseguir una imagen de transparencia y verosimilitud.

A partir de 1977 las leyes y reglamentos que regulan la actividad política y electoral.

La Comisión Federal Electoral se integra con representantes de todos los partidos políticos, pero sólo confiere voto a los representantes de los tres principales partidos en el orden nacional (por el número de votos obtenidos). A pesar de ello, la idea de que el aparato del estado controlaba los comicios no desapareció.

En la elección de 1988, un grupo disidente del PRI le desafió y compitió de igual a igual. Las crónicas de la época dijeron que Corriente Democrática, luego PRD, había ganado. Se habló de fraude, lo cual era la costumbre del PRI a efectos de vencer por una abrumadora mayoría, pero en ese entonces, fue necesario para llegar a Los Pinos.

Salinas de Gortari asumió la presidencia aquel diciembre con media Cámara de Diputados vacía. Jamás había sucedido algo semejante. El poder presidencial diluido, desde el mismo comienzo del sexenio, debía leerse como el síntoma de algo más profundo: la erosión del régimen de partido hegemónico, aquel autoritarismo benigno del PRI. Ya no alcanzaba con la legitimidad originaria de la revolución. Dicha legitimidad ahora debía nacer del voto, de una elección libre y justa.

Técnicamente, allí comenzó la transición democrática mexicana.

El 6 de abril de 1990 se modifican varios artículos de la Constitución que regulan la actividad política. El 15 de agosto se aprueba la creación del Instituto Federal Electoral (hoy INE) dentro del marco jurídico regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el IFE fue diseñado como un ente políticamente autónomo y neutral, provisto de los recursos técnicos necesarios para administrar el proceso electoral en toda su extensión, desde empadronar ciudadanos hasta contar los votos. También se establece que el Tribunal Federal Electoral será la instancia superior y definitiva en la resolución de los recursos de apelación e inconformidad y crea la credencial de elector con fotografía, con validez de documento oficial de identidad.

Debe reconocerse que la elite priista tuvo un importante grado de lucidez. Ante lo inevitable, fue capaz de sacrificar una parte del poder para no perderlo todo; compartiéndolo, esto es, principio fundante de la democracia. La democracia también necesita de los conversos.

En septiembre de 1993 vuelven a modificarse una serie de artículos de la Constitución: se pone fin a la autocalificación para los procesos electorales y se establecen mecanismos por los cuales el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral serán los órganos encargados de ello. 

También se eleva a cuatro el número de senadores por estado, siendo asignados tres, al partido de mayoría relativa y el cuarto, al partido que le siga en número de votos. Con ello se aseguraría que al menos una cuarta parte del Senado pertenezca a la oposición.

El 19 de abril de 1994 se reforma nuevamente la Constitución y se establece que un organismo público autónomo, con participación de los ciudadanos, organizará las elecciones; la autoridad de ese organismo se constituirá a partir de consejeros ciudadanos designados por los poderes legislativo y ejecutivo y por representantes de los partidos políticos.

En noviembre de 1996 vuelve a modificarse el mecanismo de representación del Senado, por el cual dos senadores por estado serán asignados a la primera mayoría; uno, a la primera minoría y uno, por un sistema de representación proporcional en el que se agrupan territorios electorales. También se reduce a 300 el número máximo de diputados al que puede aspirar un partido (60 por ciento del total). Ello obliga a contar con más de un grupo parlamentario para lograr cualquier reforma constitucional. Se conserva la primacía del financiamiento público por sobre los fondos de procedencia privada para la actividad de los partidos políticos: ninguno podrá recibir de sus simpatizantes más del 10 por ciento del total del financiamiento público.

Pese a que El PRI ganó en 1994 perdió la elección de 2000, 36 a 42%, reconociendo la derrota y transfiriendo el poder pacíficamente a Vicente Fox del PAN. Concluyeron de este modo setenta años de hegemonía. Fue un hecho histórico, el surgimiento de una democracia sin mayorías permanentes y verdaderamente competitiva.

Es decir, sin mayorías y punto. Ello se vio en la elección de 2006. Calderón, del PAN, derrotó a López Obrador, entonces del PRD, por medio punto, 35.89 a 35.31%. El PRI, tercero, obtuvo 22%. Ese fue el resultado oficial. Los seguidores de López Obrador dicen hasta el día de hoy que hubo fraude, una crisis que puso en jaque a todo el sistema electoral.

En 2012 el PRI regresó con la victoria de Peña Nieto sobre López Obrador por 38 a 31%, con el PAN detrás con 25% y con un cuarto candidato, Gabriel Quadri de Nueva Alianza, con apenas 2,30% pero que en algún momento había cruzado la barrera de 10% en las encuestas.

En la elección de 2018 hubo más partidos compitiendo. El partido de López Obrador, Morena, fue una escisión del PRD, más el partido Verde, en coalición con el PRI, y el surgimiento de varias candidaturas independientes. Las encuestas mostraron a López Obrador liderando con 30%, seguido de Meade del PRI y Anaya de la alianza formada por el PAN y el PRD con 23% cada uno.

Se consolida así un sistema de tres tercios con tendencia natural al empate y en proceso de mayor fragmentación. Lo cual quiere decir que se consolida una democracia inestable, ergo, con escasa capacidad de gobernar y riesgo de baja legitimidad. Finalmente, ese año Morena gano con un avasallador 53 %.

Llegando al poder al tiempo que, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consolidaba una mayoría con 256 de los 500 diputados de la Cámara. Un resultado que le ha permitido no tener que negociar con la oposición para sacar adelante proyectos.

Perder la mayoría absoluta en las elecciones del 6 de junio complicaría los planes de AMLO durante los más de tres años que restan de su mandato. La más reciente encuesta de la firma Buendía & Márquez para el periódico mexicano El Universal indica que Morena obtendría un estimado de 228 diputados, un número inferior al actual.

Pero el panorama para sus aliados, con los que integra la coalición Juntos Hacemos Historia luce favorable para él. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con 11 escaños, y se estima que obtendría 49. Por su parte el Partido del Trabajo (PT) posee 46 y, según estimaciones, se quedaría con 45.

Pero quien gane es lo de menos. Quien sea, asumirá en minoría. La moraleja de esta historia es que con miradas de corto plazo y egoísmo jamás se construye instituciones. Y sin instituciones efectivas se perpetúa la inestabilidad.