DESDE EL CELULAR Y SIN PREGUNTAR: ASÍ REPARTE DINERO LA 4T

HISTORIAS DE REPORTERO

Por: Carlos Loret de Mola

DESDE EL CELULAR Y SIN PREGUNTAR: ASÍ REPARTE DINERO LA 4T

Se llama SIDER. Lo tienen los casi 20 mil “servidores de la nación” en su celular. Es la sencillísima manera en la que un ciudadano se vuelve beneficiario de los programas sociales. ¿Tú eres nini? ¿Cómo te llamas? ¿Dirección? Clic. Clic. Listo, te llega tu beca el próximo mes.

Este Sistema Informático de Desarrollo Regional reparte el presupuesto como si fuera un helicóptero que lanza billetes desde el cielo: no hay corroboración de datos, no hay ningún estudio sobre si realmente la persona necesita el apoyo, nada. Quizá por eso el gobierno destina más dinero a los necesitados, pero resulta que hay 4 millones más de pobres.

El presidente se empecinó en inundar el país de programas sociales. Se lo encargó a uno de sus hombres de confianza, Gabriel García. Sin metodología científica y basándose sólo en los recorridos por tierra de los operadores electorales de Morena que se convirtieron en funcionarios públicos, empezaron a inflar los padrones de beneficiarios.

En la campaña presidencial de 2018, los “servidores” habían logrado enlistar a 3.5 millones de personas, prometer que si ganaba AMLO les iba a tocar dinero y darles credenciales de Morena para decir que eran militantes. ¿Qué hicieron ya en el gobierno? Regresar con esas personas y preguntarles si tenían un papá mayor de 65 años, un hijo nini, o cualquier pariente que pudiera ser considerado beneficiario de un apoyo oficial. En la prisa de aumentar el padrón, se clasificó como “personas con discapacidad” incluso a quienes simplemente usaban lentes.

 Así, el padrón engordó artificialmente de 3.5 a casi 18 millones de personas. Todo esto me lo revelan fuentes de la propia “4T” que han revisado el trabajo de Gabriel García, ahora que fue despedido y orillado a regresar al Senado.

García tenía que construir un padrón confiable de beneficiarios. Es un mínimo estándar de transparencia. Nunca lo hizo. Lo más cercano que ha podido ofrecer la administración actual es el Padrón Único de Bienestar (PUB), que vive en una plataforma tecnológica obsoleta y que complica la verificación de si los beneficiarios cumplen los requisitos, o siquiera existen. Tiene 39 millones de personas. Hay ilocalizables, nombres repetidos y otras fallas que se han ido detectando con las auditorías. 

El PUB incluye los 10 millones de adultos mayores, que vienen de otro padrón que construyó con más rigor la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, basándose en las casi 4 millones de personas que recibían este apoyo en la administración Peña Nieto, y cruzando los datos de jubilados del IMSS, el ISSSTE y el Ejército.

Está por ahí también el padrón de Producción para el Bienestar, el programa para apoyar al campo, encargado al subsecretario Víctor Suárez. En realidad es el Procampo de gobiernos anteriores. Qué tan mal andará que hasta el presidente López Obrador, el 29 de agosto desde Chiapas, dijo: “Estamos a punto de hacer una revisión, productor por productor de los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, porque no queremos que se mantenga la tendencia que había cuando se aplicaba el programa Procampo, que se entregaba hasta a políticos, y el campesino no recibía su apoyo… vamos a revisar ese programa que va dirigido a apoyar a dos millones de productores”.

Detuvieron al empresario, pero ¿y el alto funcionario que lo ayudó?

En este gobierno, el empresario Alejandro Del Valle pasó de consentido a detenido, en cuestión de meses.

A pesar de que despegó en la administración mexiquense de Arturo Montiel, quien le contrataba servicios de call center, lo adoptó Gabriel García, operador electoral y financiero de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, hasta hace unas semanas coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno, jefe de todos los “servidores de la nación”.

En la campaña presidencial de AMLO, con el call center de Del Valle -que dirige su hermano Enrique- Morena conformó estructuras, sumó militantes, los empadronó, convocó a asambleas, creó comités de apoyo e incluso reclutó representantes de casilla.

Pero Gabriel García cayó de la gracia de López Obrador este verano, en buena medida, por las denuncias que le llegaron de presuntos actos de corrupción. Ayer, dos meses y medio después de que AMLO despidió a García y lo mandó de regreso al Senado, Del Valle fue aprehendido al salir del lujoso Club de Industriales de Polanco.

Me revelan fuentes con acceso de primer nivel, que desde la campaña del 2018, Gabriel García y Alejandro Del Valle se la pasaban juntos. Primero en la oficina de García, en la calle de Mérida, a un par de cuadras de la casa de campaña de López Obrador en la calle de San Luis Potosí, en la colonia Roma de la capital del país. Luego, en la de Alejandro Del Valle, en Bosques de Sauces, Bosques de Las Lomas. Y finalmente en la nueva oficina de García -ya en gobierno-, en Reforma 116. García repartía dinero, prometía contratos.

Según las mismas fuentes, Del Valle, con su experiencia en la iniciativa privada, tuvo la idea, que le vendieron al presidente, de que cada beneficiario de programas sociales contara con una tarjeta bancaria “con los héroes patrios retratados, para que sepan que se la deben a usted, presidente, y lo tengan cerca del corazón”, y que los recursos se repartieran en 13 mil 500 Centros Integradores con cajeros automáticos. Negocio el de las tarjetas, negocio de las comisiones, negocio de los cajeros, negocio de hacer los Centros.

Tras vencer en las elecciones, empezaron por el de los cajeros. Para conseguir financiamiento, Del Valle le presentó a García al exbanquero Carlos Cabal Peniche. Del Valle y Cabal echaron mano del empresario Ignacio Carral, y empezaron a volar juntos a través de la empresa Vivcolmex. Los cajeros los fabricaría la coreana Hyosung. Del Valle y su hijo habían viajado a Corea meses antes para armar la operación. Incluso sentaron al presidente de ese Grupo, Cho Hyun-joon, con el presidente López Obrador para amarrar la licitación. La foto fue pública. La reunión fue en noviembre de 2019 y la licitación al mes siguiente.

Medio año después, en junio de 2020, con el escándalo creciente, el presidente López Obrador acordó con Gabriel García cancelar el contrato de los cajeros automáticos. Se cayó el negocio. Los empresarios pudieron demandar al gobierno, pero según me revelan, García operó para que no lo hicieran y esperaran ser compensados con algún otro negocio gubernamental, como el equipamiento y mantenimiento de los Centros Integradores, desde donde quieren distribuir sus programas sociales; y con información privilegiada, habría facilitado el inicio de la ruta para la creación de un banco privado que sirviera para dispersar entre la gente los recursos de los programas sociales. A lo largo de ese camino, Del Valle y Cabal entran con el empresario Miguel Alemán Magnani a Interjet y Radiópolis, otra operación cabildeada a los más altos niveles del gobierno federal y que resultó empantanada.

El ascenso fue tan vertiginoso como el desplome. Alemán Magnani tiene orden de aprehensión, Cabal Peniche también, Del Valle fue detenido ayer. ¿Y Gabriel García? En el Senado. Porque hay algo muy claro: todo lo que hicieron fue con el aval -por decir lo menos- de Palacio, concretamente de Gabriel García, hombre de todas las confianzas de López Obrador y quien por cierto, cada que podía, se ufanaba: “el señor no me va a hacer nada, yo sé todo e hice de todo”.