Estigmatizante y sin perspectiva de género postura del Estado: CNDH
- Rechazó Recomendación 51VG/2022; emitida por actos de tortura y agresión sexual y abuso sexual en el caso de July Raquel.
- Conforme al principio de presunción de inocencia, no debe criminalizar a ninguna persona.
Xalapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valoró como estigmatizante y sin perspectiva de género la postura del Gobierno del Estado de Veracruz, luego de que se rechazó la recomendación 51VG/2022, emitida por actos de tortura y agresión sexual y abuso sexual en el caso de July Raquel, vinculada al homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid.
En un comunicado, el organismo no gubernamental recordó que su función no sigue una agenda política, ni busca incidir en la responsabilidad penal o no de la víctima en los hechos que se le imputan, sino solo dar a conocer las graves violaciones a sus derechos humanos que han sido cometidos en su agravio vulnerando gravemente su dignidad humana y que justamente se profundizan aún más por la violencia sexual perpetrada por ser mujer.
Señaló que la CNDH, al emitir la Recomendación 51VG/2022 busca que la víctima además de acceder a una reparación integral del daño por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, se le proteja y garantice su derecho de acceso a la justicia en su modalidad de acceso a la procuración de justicia.
Lo anterior, conforme a las evidencias recabadas en el expediente de queja, a fin de que las investigaciones ministeriales que dieron lugar con motivo de los hechos de los que fue víctima sean analizadas conforme a un enfoque diferencial y con perspectiva de género a fin de que tales conductas no queden impunes.
“Este Organismo lamenta la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del estado de Veracruz, involucradas, quienes dentro de su ámbito de competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los más altos instrumentos nacionales e internacionales en la materia», señaló.
«Esto, toda vez que la situación jurídica de la víctima está siendo conocida por la autoridad jurisdiccional competente y, conforme al principio de presunción de inocencia, no debe criminalizar a ninguna persona sobre su posible comisión en hechos con apariencia de delito sino hasta que reciba una sentencia, además de que con tales declaraciones y posturas pueden estar desvirtuando las posibles conductas que vulneran sus derechos humanos, cuyo ámbito es distinto al jurisdiccional”.
