Imputan tortura a ex fiscal de Chihuahua que llevó a la cárcel a César Duarte
- La decisión del juez fue tomada en la madrugada de este jueves, en una prolongada audiencia en que el Ministerio Público presentó declaraciones, evidencias, estudios y análisis
La Fiscalía General del Estado le formuló imputación por el delito de tortura al ex fiscal Francisco G. A., y el juez resolvió dejarlo un año en prisión, aun y cuando la vinculación o no a proceso se realizará el próximo sábado.
La decisión del juez fue tomada en la madrugada de este jueves, en una prolongada audiencia en que el Ministerio Público presentó declaraciones, evidencias, estudios y análisis, “incluido la aplicación del Protocolo de Estambul, mismo en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos”.
Francisco G. fue parte importante en las investigaciones que llevaron a la cárcel por peculado, al ex gobernador César Duarte Jáquez y una veintena de sus cómplices, todos exfuncionarios públicos, muchos de los cuales ahora son los que han presentado dichas denuncias de tortura psicológica.
La base de la imputación es una denuncia recibida en diciembre de 2021 en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “advirtió sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
La Fiscalía reveló que “los hechos que se le imputan ocurrieron en un domicilio de la ciudad de Chihuahua, durante el periodo comprendido de febrero de 2017 a noviembre de 2018, cuando, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, torturó psicológica y físicamente a una víctima de identidad reservada”.
Asegura la dependencia que en apoyo a la denuncia, hay “19 testigos que deponen en su contra”.
El juez anunció que definirá la situación jurídica el sábado 26 de noviembre, cuando se efectúe la audiencia de vinculación o no a proceso, pero por lo pronto dictó prisión preventiva.
Organizaciones civiles y personajes políticos, incluido el ex gobernador Javier Corral Jurado, han denunciado que se trata de una persecución política por parte del grupo del ex gobernador César Duarte, en contubernio con la actual gobernadora, María Eugenia Campos.
