Congreso de Perú aprueba informe para condenar al expresidente Pedro Castillo
- Con 59 votos a favor, el Congreso de Perú buscará condenar al exmandatario por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias
El Congreso de Perú aprobó un informe, presentado por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
Los congresistas dieron «luz verde» al texto, que se ha debatido durante varias horas en el pleno del Congreso, con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, por lo que esto permitirá que Benavides continúe con el proceso y formalice la investigación contra el exmandatario peruano.
«El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú», ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.
La Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
El abogado del expresidente peruano Pedro Castillo defendió ante el Congreso que por el momento no se ha encontrado ninguna cuenta bancaria del exmandatario con dinero de procedencia ilícita.
«¿Acaso puede haber crimen organizado sin cuenta bancaria?», se ha preguntado su abogado, Eduardo Pachas, que minutos antes había pedido la comparecencia presencial de Castillo para su defensa, una posibilidad que ha sido rechazada por el pleno del Congreso.
Al margen de la sesión, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, advirtió de que Castillo podría presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recuperar su libertad y volver a ocupar la Presidencia.
«Lo que nosotros advertimos es el intento de este señor de acudir a la jurisdicción internacional, probablemente, para pedir dos cosas: su libertad y su reposición como presidente», indicó Otárola.
