Gobernador y Fiscal de Veracruz, obstruyen la justicia

• José Antonio May González, denunció que no le permite el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado, retirar la mercancía caduca que aún existe en su bodega.

«No nos dejan, a mis licenciados no los dejan trabajar, dicen que la denuncia está en manos del Gobernador y que ni siquiera nos metamos en problemas, estoy en una situación de qué hago».

Gráfico de Xalapa

Río Blanco

Tras darse a conocer que Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP); tendrán que aclarar a los veracruzanos la actuación ilegal de sus elementos (al grado de ejercer tortura, así como colocar armas y drogas), para justificar el cateo ilegal a una bodega en el municipio de Río Blanco y la detención de seis personas.

Ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo pública la Recomendación 88/2023, por Violaciones Graves de Derechos Humanos, en la que acreditó que elementos de la Fiscalía General del Estado, entre ellos, el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rodolfo Astudillo Medina, ingresaron sin orden de cateo a una bodega ubicada en Río Blanco, Veracruz, torturaron a sus empleados, los detuvieron arbitrariamente y les fabricaron pruebas para imputarles los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud.

Este miércoles, con documentos y facturas en mano, el empresario abarrotero José Antonio May González denunció obstrucción de la justicia en su caso, al no permitirle el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE), retirar la mercancía caduca que aún existe en la bodega que fue cateada desde hace dos años, ya que cuando sus abogados acuden a darle seguimiento a la carpeta de investigación, son amenazados.

«Ha habido amenazas, el mismo Rodolfo Astudillo se presentó en una de mis sucursales amenazando dejándome un número de teléfono al cual marqué y hubo amenazas de que parara en ese momento mi denuncia, se molestaron por los videos que yo subí donde exhibí todo lo que hicieron acá, hubo amenazas hacia mí y hacia mi familia y ese es el temor».

Así mismo responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal Verónica Hernández Giadáns, de pasarle algo a él y a su familia, como represalia a las denuncias que ha interpuesto ante instancias federales.

«Que se haga público lo que hay acá dentro de esta bodega, cómo se trabaja cómo es que trabajamos ya que el señor gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) dice que está bodega se está almacenado pura mercancía robada, ojalá pudiera acompañarme para enseñarle lo que realmente existe en esta bodega», expresó el representante legal de Comercializadora Maga SA de CV.

El abarrotero exhortó al mandatario estatal a que le dé seguimiento a la denuncia que él interpuso, así como a la recomendación que recientemente emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

«A mí la Juez me dijo en la audiencia que yo presentara mis facturas mis transferencias que se le demostrara a la Fiscalía que todo es legal, la mercancía y se podía ir tirando a la basura, yo ya se los he presentado cinco veces o más y simplemente nos desechan en las pruebas que hemos llevado».

Afirmó que existe una rotunda obstrucción a la justicia porque ya han ido peritos para inventariar la mercancía y se les ha demostrado todo con facturas y simplemente no les autorizan desecharla por instrucciones del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

«No nos dejan, a mis licenciados no los dejan trabajar, los licenciados que tengo ya no quieren trabajar conmigo porque van preguntan por la denuncia y lo único que regresan diciendo, sabe qué, yo me abro porque dicen que la denuncia está en manos del Gobernador y que ni siquiera nos metamos en problemas, entonces yo también estoy en una situación de qué hago».

Recordó que las pérdidas superan los 15 millones y ninguna autoridad quiere hacerse cargo de ello, lamentando que todo era de la canasta básica.

May González de igual forma demostró que por el aseguramiento y la pérdida de la mercancía tuvo que solicitar un préstamo de siete millones de pesos al banco para poder sacar adelante su comercializadora, la cual por fortuna ya se recupera lentamente.

También pidió a la Fiscalía General del Estado libere una camioneta de tres toneladas y media que se encuentra en un corralón echándose a perder, ya que se encuentra a la intemperie.