Cuitláhuac y la Fiscal deben comparecer ante el Senado: Monreal

• La CNDH dio a conocer que se ha solicitado la comparecencia de 39 autoridades de diferentes niveles de gobierno por la no aceptación de 37 Recomendaciones.

Ricardo Monreal Ávila, consideró que funcionarios y servidores públicos no deberían burlarse de las recomendaciones de la CNDH.

Gráfico de Xalapa

Xalapa

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, insistió en que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal general Verónica Giadáns Hernández deberán comparecer ante senadores para explicar por qué se negaron a aceptar recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista celebrada al inicio de la gira de trabajo que realizó en la ciudad y puerto de Veracruz, Monreal Ávila aseguró que la solicitud de la CNDH no prescribe, por lo que el mandatario estatal y la fiscal veracruzana tendrán que comparecer ante el Senado de la República.

“Aún y cuando no se reúna la mayoría en la comisión, esa recomendación tendrá que hacerse efectiva y esa petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá que hacerse efectiva, no prescribe, estará ahí y yo espero que sin preocupación ni temor expliquen simple y sencillamente por qué no se aceptaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es un pleito, no es una confrontación, es una disposición jurídica”, agregó.

El legislador federal aclaró que la CNDH no solo solicitó la comparecencia de Cuitláhuac García Jiménez y de la fiscal general Verónica Giadáns, son en total 39 autoridades, entre gobernadores y servidores públicos que se niegan aceptar recomendaciones en materia de derechos humanos.

En ese sentido, el senador de la República precisó que la solicitud de comparecencia del gobernador y la fiscal general de Veracruz no es un asunto personal, sino que es lo que establece la ley para los casos donde autoridades se nieguen a aceptar recomendaciones de la CNDH.

Ricardo Monreal Ávila consideró que funcionarios y servidores públicos no deberían burlarse de las recomendaciones de la CNDH.

“Ningún funcionario ni ningún servidor público debería burlarse de las recomendaciones, deberían aceptarse porque provienen de organismos autónomos constitucionales y depreciar ese tipo de quejas y de recomendaciones no los sitúan en un papel de demócratas, lo digo con toda responsabilidad y en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es su responsabilidad”, remató.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que en la gestión de Rosario Piedra Ibarra se ha solicitado la comparecencia ante el Senado de la República de 39 autoridades de diferentes niveles de gobierno por la no aceptación de 37 Recomendaciones durante la presente administración

En el esquema actual de protección de los derechos humanos, el único recurso con que cuenta esta Comisión Nacional para hacer cumplir sus recomendaciones es el de acudir a la Cámara de Senadores, o en sus recesos, a la Comisión Permanente, a efecto de que se llame a comparecer a las autoridades o personas servidoras públicas responsables, para que expliquen los motivos de su negativa de aceptarlas o cumplirlas. Esta facultad la establece la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 15, párrafo X, y es esta facultad la que se ha ejercido, con el único objetivo de velar por el interés de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Entre las autoridades que se han negado a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH se encuentran algunas de carácter federal como la Secretaría de Marina con 9 recomendaciones no aceptadas; la Secretaría del Trabajo con 2, y la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Universidad Pedagógica Nacional y el Órgano Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García con una recomendación no aceptada cada una.

Asimismo, se tiene registro de gobiernos estatales como el de Guanajuato y Oaxaca con 2 recomendaciones rechazadas, respectivamente; y los gobiernos de Veracruz, Tabasco, Nayarit, Chiapas y Puebla con una recomendación no aceptada por cada autoridad. De igual forma, algunas autoridades y dependencias locales se han negado a aceptar y cumplimentar recomendaciones, como la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía de Tabasco con 2 recomendaciones rechazadas cada una; y las fiscalías de Querétaro y Chiapas con una Recomendación no aceptada cada una, al igual que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; las Comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Quintana Roo y Chiapas, así como ocho ayuntamientos del estado de Oaxaca, tres de Veracruz y uno de Guanajuato, Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí.