En Veracruz, hay uso desproporcionado y facciosos del sistema penal

• Afirma Instituto Federal Defensoría Pública.
• Juez de Pacho Viejo le pone trabas a defensa de la jueza Angélica, impide el acceso a la audiencia, decreta vinculación a proceso y le ratifica un año de prisión preventiva, según él “justificada”.
• Juez, no permitió que Instituto Federal de Defensoría Pública la represente, reprochan violaciones a derechos de la imputada; Tampoco permitieron acceso a representantes del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

#Xalapa

Tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como el presidente Andrés Manuel López Obrador, atentan contra la autonomía del Poder Judicial al defender la aprehensión de jueces; afirmó desde el penal de Pacho viejo, la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Jaqueline Sáenz Andujo.

Lo anterior al destacar que los elementos que la Fiscalía General del Estado (FGE) no han aportado elementos suficientes que sostengan la acusación en contra de la jueza Angélica «N».

Sostuvo que en Veracruz hay un uso desproporcionado y faccioso del sistema penal, a lo que se suman las manifestaciones de los titulares del Poder Ejecutivo tanto estatal como federal, con las que «inhiben el actuar» de los Jueces.

Consideró que ello es grave, pues cercar la labor de juzgadores coloca en un plano de desventaja a Angélica, pues quien tiene que resolver es precisamente otro Juez.

«Entonces, ¿en qué medida podemos garantizar también temas de independencia judicial, de imparcialidad?», cuestionó.

Remarcó su preocupación de que el Ejecutivo estatal esté ejerciendo control al Poder Judicial por medio de amenazas o coacciones, luego de que se difundió información acerca de una reunión que García Jiménez habría tenido con jueces y magistrados, con la venia de la presidenta del Tribunal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Precisamente, el Juez de Control del Poder Judicial de Veracruz, Roberto Santos Maldonado, impidió que personal del Instituto Federal de Defensoría Pública representara a la jueza Angélica en la continuación de su audiencia inicial tras ser acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

Igualmente, la autoridad jurisdiccional local impidió que los observadores del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pudieran acceder a la audiencia de este miércoles.

Al respecto, el defensor público federal adscrito al Centro de Justicia Penal, Moroni Amador Pacheco, confirmó que podrían tramitar un amparo tras la determinación del Juez local.

Por su parte el Instituto señaló que, después de debatir por casi 2 horas, el Juez de Control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que le realizó la jueza Angélica para que formaran parte de su defensa, “pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso”.

“En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el Juez de Control determinó que la audiencia sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal”, criticó el IFDP a través de redes sociales.

Moroni Amador Pacheco comentó que al reanudarse la audiencia se solicitó la oportunidad de brindar una representación extraordinaria. No obstante, el Juez desestimó el requerimiento del IFDP.

“Todavía vamos a ver si en el caso hay la autorización superior para recurrir esa decisión”, refirió el defensor, quien mencionó que en total 6 defensores públicos federales se quedaron sin acceso a la audiencia.

Minutos después, los observadores del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también se marcharon de las Salas de Juicios Orales, aunque sin dar declaraciones a la prensa.

Después de las nueve de la noche de este miércoles, se conoció que la jueza Angélica fue vinculada a proceso como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público, respectivamente; asimismo, el juez le ratificó prisión preventiva para él “justificada” por 1 año.