La Credencial de Electoral, la llave de la Democracia (3)
Por Antonio Vicencio T.
Durante las tres últimas administraciones federales, ha existido la intención de crear una cédula de identificación. Por ello, antes el IFE y hoy el INE han llevado a cabo una defensa legal y jurídica de esas facultades constitucionales, que le dan soporte, señalando que la responsabilidad de construir y actualizar el Padrón Electoral, así como emitir la Credencial de Elector, sea únicamente de este Instituto autónomo, el cual mucho ha costado a la ciudadanía, partidos políticos y autoridades gubernamentales edificar y consolidar a lo largo de varias décadas. Cabe destacar, que ha sido en este último gobierno el que formalizó dicha propuesta en enero del 2020, para que el INE les entregara los datos biométricos de las ciudadanas y ciudadanos. Lo anterior, lo llevó a cabo la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien entregó un oficio al INE, en el que exige se le proporcione la fotografía del rostro y las huellas dactilares de los ciudadanos que han tramitado su credencial de elector. De esta forma argumenta, el gobierno podría cumplir con el mandato constitucional de acreditar la identidad de las personas que viven en el país .
Es cierto, que el Estado tiene la obligación de expedir una cédula de identidad a toda la población , más aún, se trata de un derecho fundamental, que abre, la puerta a otros derechos como al de la participación política activa y pasiva o al acceso a los servicios de salud, educación y seguridad. Pero no es verdad, que el Estado haya sido del todo omiso, en esta materia a lo largo de más de tres décadas, pues hoy más de 98 millones de ciudadanos, ya cuentan en los hechos con un documento personal de identificación: su credencial para votar con fotografía. Como todos sabemos, esta credencial, no solo se usa cuando hay elecciones, sino día a día, es un instrumento de identidad reconocido por instituciones públicas y privadas, y respecto a la cual existe una amplia confianza y aceptación general por parte de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el INE negó oportuna y rotundamente la solicitud de la Secretaria de Gobernación, de entregarle los archivos requeridos, argumentando que cuando el registro de los ciudadanos dependan del gobierno, nuevamente, se abrirá la puerta para la manipulación política y electoral de esos datos.
Por eso es muy riesgosa la iniciativa de Reforma a la Ley General de Población que está promoviendo morena actualmente, y que pretende construir un registro nacional de personas con datos biométricos que serviría de base para definir en el futuro el listado electoral, a menos que se pretenda la tontería de que existan dos bases de datos simultáneas, con el costo que ello implicaría, el tema es sumamente preocupante y delicado, pues con ello queda más que claro, que intentarán nuevamente, aprobar dicha reforma, antes de que concluya la presente administración. Lo antes descrito forma parte de la propuesta de agregar una fotografía y huellas dactilares a la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo cual ha generado diversas preocupaciones, críticas, reacciones e interpretaciones de diversos sectores políticos, sociales y de la sociedad civil.
