SIOP otorgó el 72% de contratos a sólo 8 empresas

• Vuelven a evidenciar corrupción del Gobierno Cuitláhuista; se les favoreció con montos que suman 449.8 millones de pesos, de un presupuesto total de la Secretaría estimado en 623 millones.
• El diputado Marlon Ramírez, señaló irregularidades en la licitación de obras y en la selección de las empresas consentidas de la SIOP y aseguró que algunas tienen al mismo representante legal y domicilio fiscal.

#Xalapa

Nuevamente el diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, pone en evidencia la corrupción que existe en el Gobierno Cuitláhuista; esta vez, acusó que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) benefició a 8 empresas con contratos por 449.8 millones de pesos, de los 623 millones de pesos del presupuesto de la dependencia para 2023; resultando el 72.2 por ciento del total.

Al participar en la ronda de preguntas y respuestas en la comparecencia del secretario, Elio Hernández Gutiérrez, el diputado señaló irregularidades en la licitación de obras y en la selección de las empresas y aseguró que algunas tienen a un mismo representante o comparten domicilio fiscal.

Así, el diputado Ramírez Marín presentó una lista de ocho empresas, que comparten domicilio fiscal y representante legal, que son las consentidas del Gobierno Cuitláhuista y de la Secretaría que aun encabeza Elio Hernández Gutiérrez.

En su participación en la comparecencia, el legislador -que ha documentado la misma práctica en varias dependencias del Gobierno del Estado- detalló que en esos casos se podría configurar el delito de colusión, pues las empresas compiten entre sí para ganar los contratos.

Explicó que, incluso, la propia SEFIPLAN había emitido un dictamen en el que no reconocía el domicilio fiscal de algunas de las empresas a las que él le asignaron recursos del Estado.

Ramírez Marín detalló que SIOP favoreció a ocho empresas con contratos que suman un total de 449.8 millones de pesos, cifra que representa el 72.2 por ciento del presupuesto total de la Secretaría, estimado en 623 millones para el año en curso.

Ramírez Marín cuestionó el proceso de licitación de obras públicas, señalando posibles irregularidades en la selección de las empresas contratadas y destacó casos en los que empresas presentan la misma dirección fiscal y representación legal, suscitando dudas sobre la idoneidad y transparencia del proceso.

Las empresas consentidas de SIOP son: Chevalier Constructora, Constructora SSQ S.A. de C.V., COVER Diseñando, Grupo Especializado Ruta Boca, Grupo Freunde, Enox Construye, LMN y Constructores Asociados, incluyendo también a PBA y Civiles Asociados.

De las empresas Ruta Boca y Freunde, éstas comparten el mismo domicilio fiscal, un apoderado legal y representante común. Esta misma circunstancia se repitió en las entidades PBA Civiles Asociados y LMN y Constructores.

También, dijo que algunos beneficiarios como Verónica Castro Hernández, quien forma parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibió un contrato por un millón 49 mil pesos.

Ricardo De Dios García, beneficiario de Producción para el Bienestar, obtuvo un contrato de un millón 300 mil pesos, y Martín Domínguez Salazar, becario del programa de Microempresas, se le otorgó un contrato de 920 mil pesos por obras de construcción.

En respuesta, Elio Hernández deslindó a la Secretaría a su cargo de revisar la veracidad de los datos proporcionados por las contratistas y aclaró que dicha responsabilidad es de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), encargada de elaborar el padrón de proveedores del Gobierno de Veracruz.

Sobre los cuestionamientos del diputado, el funcionario dijo que las contratistas Fronden y Ruta Boca cuentan con distintos representantes legales y sus contratos se les asignaron por licitación pública nacional.

Acerca de los nombres de beneficiarios con contratos, el Secretario ofreció investigar dicha situación, aunque no descartó que se traten de “homónimos” al no contar la SIOP con becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Dijo que no hay preferencia en la asignación de obras y advirtió que el costo de los contratos depende de los montos de las obras y la verificación de los domicilios fiscales es tarea del Servicio de Administración Tributaria (SAT).