ASF detectó irregularidades y observaciones por 331 millones en Veracruz
- David Colmenares, explicó que el organismo a su cargo practicó auditorías a los gobiernos de los estados; de la Cuenta Pública 2022.
- Se realizaron observaciones al gobierno de Cuitláhuac García por irregularidades en el uso de 235 millones de pesos al gasto federalizado y por concepto de participaciones federales.
#Xalapa
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) reportó probables irregularidades por 32 mil 894 millones de pesos en el ejercicio del Presupuesto 2022, de los cuales se recuperaron tres mil 128 millones; sin embargo, quedan pendientes de aclarar 29 mil 765 millones más.
En la tercera y última entrega de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 a la Cámara de Diputados, el auditor superior David Colmenares explicó que el organismo a su cargo practicó un total de dos mil 258 auditorías al referido ejercicio, entre las que destacan 313 a entidades de la administración federal, 615 a los gobiernos de los estados y Ciudad de México, así como 930 a municipios y alcaldías.
Apuntó que del total de probables desvíos de recursos documentados por la ASF en 2022, 25 mil 84 millones de pesos corresponden al gasto federalizado ejercido estados y municipios, aunque de ese monto se lograron recuperar dos mil 192 millones de pesos y siguen pendientes de solventar 22 mil 892 millones.
Así mismo, el gasto federalizado de Veracruz tuvo observaciones por 331 millones de pesos en la cuenta 2022 que fue entregada este martes por la Auditoria Superior de la Federación al Congreso Federal.
En esa tercera entrega, se detalla que el gobierno de Veracruz reintegró 16.9 millones de pesos a la tesorería federal por pagos improcedentes del Fondo de aportaciones a la nómina (FONE).
También se realizaron observaciones al gobierno de Cuitláhuac García por irregularidades en el uso de 235 millones de pesos al gasto federalizado y por concepto de participaciones federales.
Mientras que hay otras observaciones a más de 50 ayuntamientos de Veracruz, por el uso irregular en el gasto federalizado y los recursos de participaciones federales.
