Gobierno rentó a sobre precio 160 patrullas para Seguridad Pública

• Cuitláhuac y Eleazar hicieron negociazos con dinero público.
• El costo de renta por unidad fue de 1 millón 531 mil 523 pesos, es decir el doble de lo que costaron en un principio (798, 800 pesos).
• A Yolli García, la encarcelaron por exigir transparencia respecto a la compra de patrullas y la contratación de Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano de Cuitláhuac.

#Xalapa

El 2 de mayo de 2019 el Gobierno de Veracruz entregó 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, de las cuales, 50 corresponden a una compra por un monto total de 39 millones 940 mil pesos, a razón de 798 mil 800 pesos por unidad.

Otras 110 unidades quedaron en arrendamiento en un plazo de 36 meses, correspondientes a unidades marca Ford F-1 50 4×4, 8 cilindros equipadas como patrullas con seguimiento GPS y alertas de velocidad.

Sin embargo, el costo de arrendamiento por 36 meses ascendió a 168 millones 467 mil 616 pesos, teniendo un costo mensual de 4 millones 679 mil 656 pesos, el costo de renta por unidad fue de 1 millón 531 mil 523 pesos, es decir el doble de lo que costaron en un principio (798, 800 pesos).

Este martes, se dio a conocer que durante el Quinto Congreso Nacional de Transparencia, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Yolli García Álvarez, ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), compartió su experiencia sobre su detención, señalando que hubo confrontaciones con el actual gobierno de Cuitláhuac García respecto al manejo de información pública.

La exfuncionaria recordó las polémicas que se suscitaron por el manejo de información del DIF estatal, el arrendamiento de patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el parentesco del mandatario con Eleazar Guerrero (su primo hermano), exsubsecretario de Finanzas y ahora candidato de MORENA a una plurinominal.

Durante la presentación del libro «La debida clasificación de la información pública», García Álvarez describió los eventos que llevaron a su arresto y los 3 años y 4 meses (de marzo de 2020 a julio de 2023) que pasó encarcelada, afirmando que fue detenida sin ningún tipo de pruebas en su contra, señalando que su caso puede ser un ejemplo del proceder del actual Gobierno con los órganos autónomos.

Yolli García narró que ella fue comisionada en las administraciones de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, refiriendo que un día antes de finalizar su mandato como comisionada del IVAI recibió una invitación de su sucesora, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, para reunirse al día siguiente en un café.

García Alvarez mencionó que aceptó la invitación, confiada en que no enfrentaba ningún problema legal tras dejar el cargo y perder el fuero, reiterando que nunca la acusaron de un delito que ameritara prisión preventiva. Esta detención marcó el inicio de una prolongada batalla legal contra la Fiscalía General del Estado. García Álvarez fue acusada inicialmente de nombrar de manera indebida al titular del órgano de control del IVAI y posteriormente, de no designar personal en esa misma área, lo que llevó a dos carpetas de investigación.

Más adelante, enfrentó una acusación de peculado, alegando la compra de bienes que, según la Fiscalía de Veracruz, había realizado durante su mandato, aunque ella aseguró que dichos bienes fueron adquiridos antes de asumir el cargo de comisionada.

García Álvarez también expuso su deducción sobre el origen de las acusaciones, que atribuye a decisiones controvertidas durante su gestión. La primera fue ordenar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal retirar información en la que aparecían niños bajo resguardo, sin autorización de los padres, exponiendo su ubicación.

La segunda controversia fue exigir transparencia respecto a la compra de patrullas al inicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y posteriormente sobre posibles contrataciones de familiares dentro de su administración, concretamente de exsubsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano de Cuitláhuac.

«Compran o anuncian con bombo y platillo que habían comprado 160 patrullas y entonces llegaron solicitudes de a quién se las compraron (…), reservan por un tema de seguridad, nosotros revocamos y dijimos cuál tema de seguridad. El contrato, cuánto pagaste, todo eso lo tienes que dar», recordó.

Añadió que García Jiménez nunca aclaró la compra de las patrullas conforme a la Ley de Transparencia y se reservaron los números de expedientes que finalmente fueron filtrados por medios de comunicación: «luego dijeron que había un proceso deliberativo, sin determinar a quién iban a contratar y como no estaba definido tampoco lo podían dar».

Pese a lo anterior, señaló que se descubrió que el Gobierno estatal no compró patrullas y en realidad las había arrendado con sobreprecios a los que estaban en otras entidades de la República.