Reservan por 5 años información referente al millonario desvío de recursos
- Auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial, reveló la existencia de empresas fantasmas que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos.
- La reserva de la información fue avala por Contraloría del Poder Judicial, la Dirección General y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial de Veracruz.
#Xalapa
En el mes de marzo de este año, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reveló que la Auditoría Superior de la Federación, detectó un posible daño patrimonial en la cuenta pública 2021 de más de 80 millones de pesos; l anterior, de acuerdo a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Refirió que en cuanto fueron notificados de la falta de solventación de los recursos durante la gestión de la magistrada Isabel Romero Cruz, enviaron los documentos, sin embargo, les respondieron que no era suficiente: “Fuimos notificados, se le fue haciendo todo el seguimiento, enviamos la documentación para solventar, y la ASF determinó que esa documentación no era suficiente”, planteó la magistrada.
Por ello, definió que corresponderá a la Auditoría presentar las denuncias penales correspondientes
Sin embargo. Este martes se conoció que el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJE) reservó por 5 años toda la información referente al millonario desvío de recursos que detectó en diversas auditorías durante la gestión de Joana BF, ex administradora general de este poder.
La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que se interpusieron cuatro denuncias penales por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado cometidos en el año 2023.
La magistrada dijo que las denuncias están soportadas en una auditoría interna realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial, que reveló la existencia de empresas fantasmas que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos.
La auditoría realizada reveló más de 30 observaciones y recomendaciones que no pudieron ser solventadas por la ex administradora.
Lisbeth Aurelia Jiménez dijo en una entrevista en abril pasado que las denuncias incluyen sustracción de mobiliario, robo especifico, peculado y administración fraudulenta.
A estas denuncias se suma una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el año 2021 por un daño patrimonial de 82 millones de pesos en fondos federales.
La reserva de la información fue avala por la contralora del Poder Judicial, Paulina Ochoa Lara, así como por la directora general de administración de Poder Judicial, Diana Cruz Villegas y Jesús Alberto Islas, director de asuntos jurídicos, quienes son vocales del comité de transparencia.
