UV se consolida en autonomía, organización y liderazgo

• Nueva Ley Orgánica, estaría armonizando su normatividad con la Ley General de Educación Superior, estableciendo la realización de la Consulta Libre, Previa e Informada a la Comunidad Universitaria; manteniéndola ajena a criterios e injerencias externas.
• Uno de los aspectos más destacados del anteproyecto es el enfoque en el interés superior del estudiante, la progresiva gratuidad de los servicios educativos y la implementación de políticas para erradicar la violencia, especialmente la de género, en el ámbito universitario; señaló el Rector, Dr. Martín Aguilar Sánchez.

#Xalapa

El Rector de la Universidad Veracruzana (UV), Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez; presentó al Congreso del Estado la iniciativa para actualizar la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, destacando que dicha propuesta mantendría a institución “ajena a criterios y a injerencias externas”.

La iniciativa, establecería que cualquier reforma a la ley que rige a la Universidad deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes, además de una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno.

De acuerdo con el Dr. Martín Aguilar, de esta manera la iniciativa garantiza la autonomía universitaria, en aras del cumplimiento de los fines y funciones definidos constitucional, legal y jurisprudencialmente para las instituciones de educación superior: “Se pretende que sea una ley flexible que mantenga a la institución ajena a criterios y a injerencias externas al crear, modificar, adicionar o abrogar, bajo esquemas, tiempos y necesidades exclusivamente universitarias, las diversas disposiciones normativas de carácter secundario”, señaló.

La iniciativa armoniza a la UV con la Ley General de Educación Superior y con el marco constitucional y convencional aplicable al derecho a la educación superior, alineándola a las transformaciones sociales y legales que han ocurrido en el país y en el Estado en las últimas décadas.

El Rector destacó, que la actual Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana fue promulgada hace casi 30 años y desde entonces ha quedado rezagada frente a cambios sociales y a reformas constitucionales y legales de gran relevancia, especialmente en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. Un diagnóstico reciente evidenció que varias disposiciones de la ley vigente resultan inoperantes debido a “imprecisiones, ambigüedades, complejidad y vacíos normativos”.

En particular, la iniciativa toma en cuenta lo establecido en el Artículo Segundo de la Ley General de Educación Superior, que exige que cualquier reforma a las leyes orgánicas de instituciones de educación superior autónomas, como la UV, sea precedida de una consulta previa: “Por ello, y de conformidad con el Artículo Segundo, tercer párrafo de la Ley General de Educación Superior, que establece que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del Artículo Tercero Constitucional, cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”, dijo.

El proceso de consulta fue llevado a cabo por la Comisión Transitoria para la Elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la UV, creada por el Consejo Universitario General (CUG) el 7 de marzo de 2022. Tras la consulta, el anteproyecto fue aprobado el 22 de marzo del mismo año por el CUG con 317 votos a favor, lo que representa el 89 por ciento de los consejeros presentes. Además, la Junta de Gobierno de la UV otorgó su respaldo unánime a la propuesta. 

Uno de los aspectos más destacados del anteproyecto es el enfoque en el interés superior del estudiante, la progresiva gratuidad de los servicios educativos y la implementación de políticas para erradicar la violencia, especialmente la de género, en el ámbito universitario. El documento también establece la promoción y protección de los derechos humanos, y otorga un papel importante a la Defensoría de los Derechos Universitarios, un órgano independiente encargado de vigilar el respeto a estos derechos dentro de la institución.

El anteproyecto detalla la estructura y funciones de las autoridades universitarias, los requisitos para ocupar cargos y los principios que regirán su desempeño, como la transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía.

La estructura del anteproyecto consta de cinco títulos y dieciocho capítulos, que abarcan desde la naturaleza jurídica de la universidad hasta las responsabilidades de la comunidad universitaria, los cuales son:

El Título Primero define la naturaleza jurídica, autonomía, fines y atribuciones de la universidad.

El Título Segundo aborda el patrimonio universitario y su administración.

El Tercer Título detalla la jerarquía y funciones de las autoridades universitarias, incluyendo al Consejo Universitario General, la Junta de Gobierno y las diversas secretarías.

El Título Cuarto se enfoca en la Defensoría de los Derechos Universitarios, mientras que el Título Quinto se refiere a la comunidad universitaria y sus responsabilidades.