Crearán base de datos con biométricos
- Autoridades podrán solicitar a instituciones públicas y privadas la información de registros vehiculares, telefónicos, inmobiliarios, fiscales y penitenciarios, entre otros
EXCELSIOR
Con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas información de cualquier registro en su poder para recabarla, procesarla, analizarla y utilizarla para crear bases de datos criminalísticos.
Con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, se busca establecer un marco jurídico que regule la obtención, análisis y uso de la información para la generación de inteligencia, a fin de que el gobierno tenga herramientas que le permitan combatir la delincuencia.
Dicho sistema nacional se integrará con la interconexión de estructuras de investigación e inteligencia de la propia SSPC, la Defensa, la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SESNSP, las fiscalías y procuradurías estatales, las secretarías de seguridad estatales y municipales, así como los penales federales, estatales y municipales.
También podrán interconectarse, mediante convenio, la Secretaría de Gobernación, Hacienda, el SAT, la UIF, la Cancillería, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los registros públicos y catastros.
Las entidades privadas, previo convenio, también podrán participar en el sistema nacional, en los términos dispuestos en esta ley”, indica el artículo 5.
El titular de la SSPC tendrá la facultad de requerir información en materia de seguridad contenida en registros vehiculares y de placas, y sobre datos biométricos, telefónicos o inmobiliarios. También, de personas morales y catastros, de registros fiscales, de registros de armas de fuego, de padrones de comercio o de inmuebles y de servicios de seguridad privada, así como de registros de personas detenidas y sentenciadas, “y en todos aquellos casos de donde se pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.
El sistema, se detalla, “es un modelo de gestión administrativa de carácter primordialmente preventivo, que, mediante la interconexión, permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recolectar, procesar y aprovechar información en tiempo real, relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad pública”.
Modelo inglés
Con lo anterior, la ley de seguridad que este jueves envió la Presidenta a San Lázaro, busca fortalecer el modelo de “policía guiada por la inteligencia”, en sustitución del modelo de “policía orientada a los problemas”.
En la exposición de motivos del proyecto de decreto se indica que ese modelo fue presentado en el año 2000 como el referente nacional para Inglaterra y el país de Gales por la Association of Chief Police Officers (ACPO).
Se detalla que el esquema de “policía guiada por la inteligencia” surgió ante la necesidad de hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia con la máxima eficiencia posible.
La metodología de policía guiada por la inteligencia es producto de la existencia de más información, sobre delitos y seguridad, aunado a una mayor capacidad para procesarla”, se explica en la iniciativa.
Se especifica que aplicar esa metodología implica “identificar patrones de riesgo, asociados con grupos, individuos y lugares para predecir dónde, y cuándo pueden tener lugar los delitos, con lo que se pretende lograr una actuación policial, anticipada y de carácter proactivo en vez de reactivo”.
Se define que el eje central de este modelo policial es el producto de la inteligencia, debido a que el objetivo último es minar la capacidad de delinquir de los criminales, dejarlos sin posibilidades ni recursos para perpetuar las conductas delictivas.
Además, se enfatiza que el diseño, la creación y coordinación del Sistema se dará con apego a funciones y atribuciones “de un federalismo cooperativo renovado” que “tiene como premisa fundamental el mejor entendimiento e integración de la Federación, con las entidades federativas, propiciando el trabajo y desarrollo conjunto en una materia que, por su naturaleza, requiere un trato estratégico”.
