ASF inició investigaciones contra exfuncionarios de Servicios de Salud de Veracruz

• El desfalco en el Gobierno Cuitláhuista, supera los 2 mil millones de pesos a través de un patrón de adjudicaciones directas a empresas de reciente creación y a proveedores con antecedentes de corrupción en otros gobiernos.

Al frente de las operaciones financieras se encontraba Jorge Sisniega, Exdirector Administrativo de SESVER y colaborador cercano del exgobernador Cuitláhuac García: “Durante su sexenio, los Servicios de Salud de Veracruz registraron un desvío de más de 2 mil millones de pesos”.

#Xalapa

La información revelada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023 continúa provocando reacciones en el ámbito público de Veracruz, a partir del reportaje “Megadesfalco en Salud de Veracruz: Cuitláhuac García, el remedio que salió peor que la enfermedad”, publicado por la Revista Proceso.

De acuerdo con la información, en el Gobierno Cuitláhuista la Secretaría de Salud estatal enfrenta el mayor quebranto patrimonial registrado en su historia reciente, atribuible al Gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez. Por esta razón, según la información, la ASF ordenó a la Contraloría General del Estado iniciar 24 investigaciones contra funcionarios de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por irregularidades en contratos por casi mil 600 millones de pesos.

En total, se estiman desvíos que superan los 2 mil millones de pesos a través de un patrón de adjudicaciones directas a empresas de reciente creación y a proveedores con antecedentes de corrupción en otros gobiernos, los cuales fueron evidenciados por políticos opositores del Gobierno Estatal.

El reportaje destaca que al frente de las operaciones financieras se encontraba Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien fuera director administrativo de SESVER y colaborador cercano del exgobernador García Jiménez: “Durante su sexenio, los Servicios de Salud de Veracruz registraron un desvío de más de 2 mil millones de pesos mediante un esquema recurrente: contratos por adjudicación directa, otorgados a empresas de reciente creación y proveedores vinculados a casos de corrupción”, detalla la Revista Proceso.

Una de las empresas más señaladas es Productos Serel, filial del corporativo Kosmos, al que se le ha vinculado con el llamado “Cártel de la Comida”. Según la revista, “en la Cuenta Pública 2023, la ASF identificó un posible daño patrimonial de 69 millones de pesos debido a que Productos Serel incumplió los estándares de calidad y las cláusulas del contrato en la prestación del servicio de alimentos en hospitales”.

Ante los señalamientos, la gobernadora Rocío Nahle anunció la suspensión de contratos con esta firma. “La alimentación debe ser parte del servicio hospitalario, no se debe otorgar a un externo”, declaró.

Las investigaciones también alcanzaron a otras compañías como DICIPA, empresa inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública e incluida en el llamado “Cártel de la Sangre”, que en 2023 recibió más de 24 millones de pesos en contratos.

Además, se detectó un probable desvío de 19 millones de pesos en 2 contratos de fletes otorgados a Porfirio Aspiazu Fabián, proveedor ya señalado desde 2017 por irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública durante el Gobierno de Javier Duarte. “Una auditoría forense realizada en la Cuenta Pública de la dependencia correspondiente al año 2023 reveló irregularidades en 25 contratos y ampliaciones de servicios en diversos programas de salud en Veracruz”, expone el reportaje.

En muchos casos, los proveedores fueron beneficiarios de programas sociales, como en el caso de Medicamentos y Equipos Médicos Xallitic, fundada en 2019 y que recibió más de 11 millones de pesos un año después, a pesar de que sus representantes legales figuraban en el padrón de “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

También destacan los contratos otorgados a Araly Vez Rodríguez, una empleada de la Secretaría de Educación que, pese a su puesto, recibió 31 contratos por 60.4 millones de pesos para venta de equipo mobiliario desde una tienda ubicada en una colonia popular de Xalapa. “Cuando se intentó localizarla, Araly Vez no fue encontrada”, precisa la revista Proceso.

La ASF identificó otros contratos irregulares con empresas como Corporativo MS Sistemas Médicos, de Misael Carmona Medina; Bethy Torres Hernández, empleada de SESVER que recibió pagos por más de un millón de pesos; y la empresa Toka Internacional, que recibió 53.7 millones de pesos para uniformes mediante tarjetas electrónicas, sin que se comprobara su uso.

En su última semana como gobernador, Cuitláhuac García inauguró el Hospital de Nautla, obra inconclusa por más de una década. Sin embargo, la ASF detectó un presunto daño patrimonial de 139.9 millones de pesos. De esa cantidad, 77.1 millones fueron destinados a una obra no terminada y 62.8 millones al equipamiento médico que no ha sido instalado ni registrado. “Mañana empiezan las primeras consultas”, declaró García Jiménez en el acto oficial. El hospital, sin embargo, funciona parcialmente.

Las irregularidades también abarcan contratos con empresas capitalinas como Biodist, Pharmacur, Brain Global Health Tech y Casa Plarre, S.A. de C.V., dedicadas al arrendamiento de equipo médico. Compañías veracruzanas como Emcarga, Infra OC y CD Carol tampoco acreditaron la correcta prestación de sus servicios. En uno de los casos más señalados, la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, S.A. de C.V., declaró tener 3 mil empleados, pero los registros del IMSS indicaban entre 750 y mil 400. La ASF detectó un posible daño por 90 millones de pesos por pagos a 300 trabajadores por honorarios que no asistían a laborar.

Otro contrato otorgado sin licitación fue de 235 millones de pesos al Instituto de Policía Auxiliar (IPAX) para vigilancia en hospitales, sin informes que acreditaran la prestación del servicio.

En 2023, el diputado priista Marlon Ramírez denunció que SESVER operaba con una red de más de 50 empresas creadas entre 2019 y 2022, cuyos domicilios fiscales correspondían a viviendas particulares.

Ante los señalamientos, Jorge Eduardo Sisniega ha negado cualquier acto de corrupción, atribuyendo todo a motivaciones políticas; además, se destaca que desde su salida del Gobierno ha incursionado en el sector inmobiliario como socio de 2 empresas. En 2018 fundó Cartera Mexicana 123, dedicada a la recuperación de carteras vencidas, con participación de empresarios investigados por la Secretaría de la Función Pública. En 2023, fundó WD Ankara junto a Elhy Rached Pulido, exdirectora jurídica del Colegio de Bachilleres de Veracruz.