Veracruz, tercer estado con más agresiones a periodistas

• Entre las agresiones en Veracruz, prevalecen: intimidación, hostigamiento, dominios falsos o cuentas falsas de internet, amenazas, privación de la libertad, ataque físico y asesinatos.

En México, Artículo 19 contabilizó 639 agresiones contra periodistas durante 2024, lo que representa un aumento del 13.9% respecto al año anterior.

#Xalapa

A nivel nacional, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar, como una de las entidades del país dónde se registraron más agresiones a la prensa el pasado año 2024; reportó la organización Artículo 19.

Entre las agresiones más comunes en el territorio veracruzano, prevalece la intimidación y el hostigamiento, dominios falsos o cuentas falsas de internet, amenazas, privación de la libertad, ataque físico, asesinatos, entre otras más.

Ese año, la organización Artículo 19 documentó diez casos de privación de la libertad, dos de ellos clasificados como secuestros.

El informe “Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información” advierte sobre el impacto de la presencia del crimen organizado en la región, que genera un ambiente de constante intimidación, amenazas y censura hacia quienes ejercen el periodismo.

En total, se reportaron 42 ataques en el estado, lo que representa el 6.59% del total nacional; la intimidación y el hostigamiento fueron las agresiones más frecuentes, seguidas por amenazas, bloqueos informativos y alteraciones de contenido.

En el contexto nacional, Artículo 19 contabilizó 639 agresiones contra periodistas durante 2024, lo que representa un aumento del 13.9% respecto al año anterior.

El informe enfatiza que hablar de Veracruz implica un entorno particularmente hostil para la prensa. Desde el año 2000, el estado ha acumulado el mayor número de asesinatos de periodistas en México, manteniéndose como el más letal para el ejercicio informativo.

La violencia contra periodistas, tanto actual como histórica, permanece impune. Esta falta de justicia fortalece un patrón de agresión constante. Durante el sexenio de Cuitláhuac García, al igual que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, los crímenes contra periodistas no han sido esclarecidos; la omisión envía un mensaje claro: agredir a la prensa no tiene consecuencias.

Además, el perfil de los agresores se ha diversificado; los ataques provienen tanto de particulares como de actores no identificados, pero también de funcionarios públicos y cuerpos de seguridad, incluidos policías estatales y ministeriales.

Uno de los testimonios recogidos por Artículo 19 corresponde a una periodista de Veracruz que, durante cinco meses, fue amenazada por un grupo delictivo; fue obligada a acudir a una reunión con hombres armados, quienes le exigieron redactar mensajes contra otro grupo criminal y compartir información sobre movimientos sospechosos en los municipios donde trabaja. “Me dijeron que me vigilaban y que no me pasaría nada si cooperaba”, relató.

Fue trasladada en un vehículo gris, sin cubrirle el rostro, y con el teléfono apagado; la llevaron a un sitio entre maizales. Ahí encontró a otros comunicadores. Algunos hombres vestían uniformes de corporaciones de seguridad; otros iban de civil. Había patrullas estacionadas afuera.

 El informe también recuerda el caso de Moisés Sánchez Cerezo, periodista asesinado en 2015. Su hijo cuenta que, pese al miedo, Moisés sentía que su labor era necesaria para cambiar la realidad de su comunidad. A una década de su asesinato, el caso sigue sin justicia. Moisés publicaba, escribía e incluso distribuía su medio, La Unión, casa por casa en Medellín de Bravo. Fue secuestrado el 2 de enero de 2015. Su cuerpo fue hallado 22 días después.

Ante este panorama, Artículo 19 emitió recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, diseñar políticas públicas de prevención, reconocer públicamente la labor periodística, garantizar la seguridad social y laboral de los periodistas, y fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También urge atender la violencia digital, combatir el lenguaje estigmatizante y asegurar que las decisiones judiciales contemplen una visión amplia de la libertad de expresión.