Desmantelan célula criminal que extorsionaba a veracruzanos
XALAPA, Ver.- Mientras que muchos ciudadanos siguen denunciado por años como un secreto a voces, hoy estalla con fuerza en la cara del gobierno estatal: una célula delictiva conformada por elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fue capturada en flagrancia mientras extorsionaba a ciudadanos, utilizando patrullas, armas, uniformes y credenciales del Estado como herramientas de terror.
Lejos de ser una “manzana podrida”, como suelen decir los funcionarios cuando quieren minimizar el escándalo, esta red operaba con tal descaro y sistematicidad que obliga a preguntarse cuántas más hay, cuántas siguen activas y cuántas gozan de impunidad bajo el silencio cómplice de mandos superiores.
Según confirmó la gobernadora Rocío Nahle, los policías detenidos llevaban a sus víctimas a cajeros automáticos bajo amenazas veladas o abiertas, acusándolas falsamente de delitos inexistentes para justificar su exigencia de dinero. Un modo operandi burdo, violento y humillante que se repite en distintas regiones de la entidad y que, en este caso, finalmente fue documentado y reprimido.
“Ya fueron separados del cargo y están siendo procesados”, dijo la mandataria, sin dar cifras, nombres ni ubicaciones precisas. Una declaración que, aunque bien intencionada, deja huecos tan grandes como la indignación ciudadana.
La captura de estos elementos fue anunciada como un acto de “limpieza interna” encabezado por el propio gobierno. Pero en un estado donde las denuncias por extorsión, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza contra civiles se acumulan en los archivos muertos, cuesta creer que este caso sea aislado o que represente un verdadero punto de inflexión.
¿Quién los encubrió durante tanto tiempo? ¿Cómo pudieron operar impunemente? ¿A cuántos ciudadanos destruyeron económica y psicológicamente? ¿Y por qué hasta ahora se actúa?
El silencio de la Secretaría de Seguridad Pública es ensordecedor. Hasta el momento, no hay postura oficial, ni detalles concretos del operativo, ni información sobre los mandos involucrados. ¿Estamos ante una célula desmantelada o ante un grupo incómodo que fue expuesto por error?
La corporación estatal, que debería proteger a los veracruzanos, lleva años siendo señalada por colusión con el crimen organizado, uso de violencia arbitraria y corrupción sistémica. Este nuevo escándalo no solo confirma los peores temores de la ciudadanía: los agrava.
El intento de la gobernadora por “reconstruir la confianza ciudadana” se queda corto si no hay justicia ejemplar, castigos severos y un cambio estructural de fondo.
Porque cuando los policías se convierten en asaltantes oficiales, y la ley es utilizada como arma para robar, el Estado pierde legitimidad. Y cuando eso ocurre, lo único que crece no es la seguridad, sino el miedo.
