Van contra funcionarios que se enriquecieron “inexplicablemente”

  • Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales, tendrá facultades para recabar, obtener, generar, analizar y consolidar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de servidores públicos y particulares.

ASF inició investigaciones contra exfuncionarios de Servicios de Salud de Veracruz; al frente de las operaciones financieras se encontraba Jorge Sisniega, Exdirector Administrativo y cercano de Cuitláhuac García; la nueva Unidad de Inteligencia, tendrá la atribución de presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas.

#Xalapa

A finales del mes de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó nuevas inconsistencias en el manejo de recursos públicos del Gobierno Cuitláhuista por 3 mil 150 millones de pesos en Veracruz, correspondientes a la Cuenta Pública 2023.

La ASF presentó su tercera entrega de los informes de fiscalización el pasado 20 de febrero a la Cámara de Diputados, donde señaló que más de 2 mil 400 millones de pesos desviados, corresponden al Gobierno del Estado, encabezado por Cuitláhuac García, mientras que 620 millones están vinculados a diversos ayuntamientos, los restantes a organismos autónomos.

Uno de los señalamientos más graves se encuentra en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), cuyo Exdirector Administrativo, fue Jorge Sisniega, amigo cercano de Cuitláhuac García; donde a través de una auditoría forense se detectaron 1 mil 195 millones de pesos sin aclarar en contratos y convenios; también se identificaron anomalías en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, con observaciones por 169 millones de pesos, así como en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que presenta inconsistencias en el uso de 291 millones de pesos; en total los tres rubros suman 1 mil 655 millones de pesos.

Así, la Gobernadora Rocío Nahle García publicó un decreto en la Gaceta Oficial del Estado con el que establece la reestructuración de todas las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del gobierno estatal.

El cambio más importante es la creación de la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales, que dependerá directamente del secretario de Finanzas y Planeación. Dicha Unidad tendrá facultades para recabar, obtener, generar, analizar y consolidar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificables.

También se le faculta para coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en apego a las disposiciones legales aplicables, en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.

Asimismo, podrá gestionar, celebrar e implementar convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos de colaboración o coordinación con dependencias y entidades, órganos autónomos y/o desconcentrados de los tres niveles de gobierno necesarios para el intercambio de información y el ejercicio de sus atribuciones.

Además, tendrá la atribución de presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas, por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones; aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones; así como generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan identificar, prevenir y esclarecer delitos, los cuales deberán remitirse periódicamente a las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales en la materia y los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración suscritos.

El decreto también establece que se cambia la denominación y funciones de la Unidad de Transparencia para quedar como Unidad de Inteligencia de Mercados y Cumplimiento.

Se modifica la estructura de la Subsecretaría de Finanzas y Administración, cambiando su denominación para quedar simplemente como Subsecretaría de Administración, que se integrará por cinco direcciones generales: la de Administración, la de Contrataciones Gubernamentales, la de Innovación Tecnológica, además de Fideicomisos y Desincorporación de Activos y la del Patrimonio del Estado.

La Tesorería, que se encontraba adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, cambia su denominación a la de Tesorería del Estado y pasa a formar parte de la Subsecretaría de Egresos.

La Dirección General de Administración, en donde se encuentran la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos cambia su denominación para quedar como Dirección General de Contrataciones Gubernamentales.

La Subsecretaría de Ingresos y la Subsecretaría de Planeación se fusionan, para quedar como Subsecretaría de Ingresos y Planeación.

Se reestructuran la Dirección General de Recaudación y la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, ambas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, para transformarse en la Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria.

Se reestructuran la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación y la Dirección General de Planeación y Evaluación, ambas adscritas a la Subsecretaría de Planeación, para formar parte de la Subsecretaría de Ingresos y Planeación, y quedar como Dirección General de Planeación y Evaluación, y la Dirección General de Planeación Estratégica Financiera.

La Subdirección de Seguimiento de Auditorías transfiere sus funciones a la Secretaría Técnica, unidad administrativa que forma parte del Área de Apoyo del Secretario de Finanzas y Planeación.