Veracruz ganó en tribunales 22 mil mdp desviados; Sefiplan debe recuperarlos
- La sentencia está firme y los condena a pagar: Orfis.
- A través de créditos fiscales, para ingresarlos a las arcas estatales; incautando cuentas bancarias o bienes de los exfuncionarios señalados.
- El de mayor monto, es de Arnulfo García Fragoso, extesorero de SEFIPLAN durante la gestión del Exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, por más de 18 mil millones de pesos.
#Xalapa
Este martes, la auditora general del Estado, Delia González Cobos, informó que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) recuperar, a través de créditos fiscales, al menos 22 mil millones de pesos correspondientes al pago de indemnización y sanción contra exfuncionarios municipales y estatales que incurrieron en daño patrimonial de los años 2002 al 2016.
En conferencia de prensa, reconoció que el proceso de recuperación de los recursos públicos que fueron desviados por municipios y exfuncionarios estatales se logró por sentencias ante instancias administrativas y, aunque les llevó años obtener la indemnización por el mal manejo de los recursos públicos, las resoluciones están firmes.
Este martes, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes, afirmó que para poder recuperar esos créditos fiscales se podría llevar de cinco a diez años, por lo que enfatizó que el dinero no ha ingresado a las arcas estatales.
A lo que la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) recordó que la Sefiplan tiene la potestad de recuperar los recursos a través de créditos fiscales, para ingresarlos a las arcas estatales. Es posible que se incauten cuentas bancarias o bienes de los exfuncionarios señalados.
A la fecha, recordó, el monto por “recuperar” es de 22 mil 736 millones de pesos. De ese total, dijo, 19 mil 579 millones de pesos corresponden a su periodo al frente del ORFIS, y las sanciones corresponden a exalcaldes y funcionarios de gobiernos anteriores.
Los créditos con el mayor monto corresponden a las cuentas públicas 2015 y 2016 e incluyen tanto la indemnización por el dinero desviado como las multas por el mal manejo de los recursos.
Todas las sanciones fueron validadas y ratificadas en juicios administrativos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los funcionarios señalados y con mayores montos a pagar son:
Arnulfo García Fragoso, extesorero de SEFIPLAN durante la gestión del Exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, por 18,763 millones 430 mil 706 pesos.
Maritza Mendoza Rocha, exdirectora de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN, por 744 millones 331 mil 246 pesos
Harry Grappa Guzmán, exsecretario de Turismo y Cultura, por 11 millones 877 mil 410 pesos
Vicente Guillermo Benítez González, exoficial mayor de la SEV, por 11 millones 210 mil 700 pesos.
Carlos Sosa Ahumada y José Antonio Ocaña Ronzón, exfuncionarios del IVD, por 4 millones 392 mil 400 pesos cada uno.
Armando Cano Andrade y Anelle Marcela Morales Lozano, Fideicomiso para el Desarrollo Rural, Fidrever, 2015, por 3 millones 584 mil 914 pesos cada uno
Carlos Verde Osorio y Anelle Marcela Morales Lozano, Fidrever, 2016, por 3 millones 584 mil 914 pesos cada uno.
La auditora general insistió en que los créditos los debe recuperar la Sefiplan, sin importar si el dinero corresponde a los municipios, y que se deberán reintegrar a las cuentas de los fondos en los que se detectó el daño patrimonial.
“Nosotros no tenemos la atribución en ley de iniciar con el proceso administrativo. En un momento los compañeros del jurídico decían que podíamos nosotros hacer algo para llevar a cabo un procedimiento que nos permitiera realizar la recuperación, pero no encontramos ningún elemento”, planteó.
La funcionaria aclaró que es viable que, una vez que la Sefiplan implemente algunas medidas para recuperar los créditos fiscales, los ciudadanos involucrados podrían ampararse ante la determinación de la dependencia estatal; no obstante, tienen la obligación de pagar las sanciones administrativas.
“Yo quiero pensar que tenemos sentencias firmes y que después de tantos años estos exservidores públicos no tengan mayores elementos para hacerlo, que las fuerzas estén minadas, porque han sido años y años en los que ellos han estado defendiéndose; sin embargo, la sentencia está firme y los condena a que paguen estas cantidades.”
