Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar crisis de México a la Asamblea General

• México rechaza informe que señala complicidad entre fuerzas del Estado y los grupos criminales, y lo califica de “parcial y sesgado” por “omitir los esfuerzos institucionales”.

El Comité de la ONU, concluye que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

#Xalapa

Este fin de semana, se dio a conocer que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha decidido solicitar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita urgentemente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México. El objetivo es que el plenario de la organización considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este tipo de crimen. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha emitido un comunicado en el que rechaza firmemente el informe, al que califica de “parcial y sesgado” por “omitir los esfuerzos institucionales”, mientras la crisis de desaparecidos en el país se acerca a los 133.000 casos sin resolver.

En virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el comité concluye que la información que ha recibido “contiene indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Su evaluación se basa en la información que ha proporcionado el Comité por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Este organismo ha registrado cómo en México se cometen desapariciones con apoyo directo o indirecto “de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado” en casos en los que la colusión de agentes municipales, Estatales y federales con los grupos criminales representa un patrón específico. “Siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”, reza el documento. Como ejemplo reciente, la FIDH recuerda el caso del Rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado identificado por colectivos de buscadores, y al que la Fiscalía de Jalisco inició un proceso de investigación plagado de omisiones y negligencias forenses.

La línea sobre desapariciones generalizadas y sistemáticas es la que más ha repudiado el Gobierno de México, que defiende que el Estado no tiene nada que ver con el mal que aqueja al país y culpa principalmente a los carteles criminales. La SRE ha lamentado que el organismo internacional “haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”. La dependencia señala que el informe de la ONU se basa en hechos ocurridos entre 2007 y 2019, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a solo cuatro de los 32 Estados de la República. “La decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”, han resaltado. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, finalizaron.