Militarizar Guardia Nacional, riesgo para los derechos humanos; Afirma investigador

• En el estado de Veracruz, hay desplegados 4 mil 917 elementos de la Guardia Nacional distribuidos en 11 compañías.
• Hay quejas de ciudadanos ante la CNDH, por violaciones que van desde detenciones arbitrarias a exceso de la fuerza, desapariciones forzadas, tratos crueles y hasta actos de tortura.

Xalapa

Este jueves, se dio a conocer que en el estado de Veracruz, hay desplegados 4 mil 917 elementos de la Guardia Nacional (GN) distribuidos en 11 compañías y el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para trasladar este cuerpo bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha levantado las alarmas de investigadores y académicos que advierten la militarización de un cuerpo que fue creado para tener carácter civil.
El Presidente de la República comunicó que presentará un acuerdo para que la GN pase a la Sedena, pero especialistas señalan que se requiere una modificación a la Constitución Política del país y que se corre el riesgo de otorgar facultades casi plenipotenciarias a un grupo que operaría en la misma opacidad que el Ejército.

De acuerdo con el oficio GN/AUJT/UT/2057/2022 en Veracruz hay 4 mil 917 elementos desplegados. hasta el pasado 18 de marzo de este año y se han presentado al menos 52 quejas de ciudadanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones que van desde las detenciones arbitrarias a exceso de la fuerza, desapariciones forzadas, tratos crueles y hasta actos de tortura.
El académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Víctor Manuel Andrade Guevara, advirtió que el anuncio del Presidente significa la ruptura de una promesa de campaña en la que aseguró que iba a sacar al Ejército de las calles; además, de ser un gran riesgo para los derechos humanos de la población.

“Él está buscando la manera de saltarse las disposiciones constitucionales, y eso habla de una forma de gobernar que no quiere respetar el estado de derecho. El artículo 21 Constitucional establece que la Guardia Nacional es un órgano de carácter civil, entonces la única manera de eliminar ese carácter es modificando la Constitución. Representa un peligro de una creciente militarización de las intuiciones gubernamentales, el Ejército tiene ya demasiadas facultades que no son propias de su carácter”, informó.
Explicó que el artículo 129 de la Constitución señala que en tiempo de paz el Ejército debe permanecer en sus cuarteles, por lo que dejar la GN en manos de la Sedena representa la militarización de este cuerpo y con ello un gran riesgo para los derechos humanos de los ciudadanos por la tendencia que tienen las fuerzas militares a incurrir en excesos.

“Hay numerosos casos en los que han cometido ejecuciones porque no están capacitados para ejercer labor policial que es preventiva y que implica detener a los presuntos responsables de un delito guardando los protocolos del debido proceso. Ellos están formados para combatir y aniquilar al enemigo, esa es su labor y la labor del policía no es esa. Son muchos abusos a los que tienden a incurrir y no solo la Guardia Nacional, porque también lo hacen los cuerpos policiales estatales, allanan domicilios, se meten en espacios educativos”.
El investigador Andrade Guevara, indicó que ahora el Ejército realiza tareas que no forman parte de sus labores como estar a cargo de obra como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y al dotarlos de mayor presupuesto cada año y mayores elementos dejan “a la sociedad en sus manos”.

“Les han incrementado el presupuesto y están haciendo labores que no son las suyas como construcciones y con esto toda la sociedad estaría en sus manos; la GN operaría en las mismas condiciones de opacidad con la que se mueve el Ejército”.

En ese sentido, agregó que a pesar de la creación de la GN los índices de violencia no se han reducido y el anuncio del presidente se queda “corto” pues más allá de traspasar la GN a la Sedena no hay una estrategia para garantizar la seguridad de la población.
“El otro problema es que la medida no va acompañada de una estrategia eficaz para combatir la violencia y la inseguridad; es una medida más que ni siquiera contribuye a incrementar la eficacia de las autoridades para combatir el delito e inseguridad porque no hay estrategia”; finalizó.