Poder Judicial un desastre con Isabel Romero, fracasó impartición de justicia

• Veracruz, entre los 10 poderes judiciales con menor número de sentencias emitidas en el país durante 2021, pero de los que mayor presupuesto tuvo: INEGI.
• Con Isabel Romero Cruz, Poder Judicial del Estado: es el séptimo peor del país con menor número de personas sentenciadas; el octavo peor con menor número de sentencias publicadas; pero es el séptimo nacional de los que más presupuesto ejercen.

Xalapa

 El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), encabezado por Isabel Inés Romero Cruz, se encuentra entre los 10 poderes judiciales con menor número de sentencias emitidas en el país, según reveló el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, la entidad se encuentra entre los poderes judiciales del país con mayor número de expedientes ingresados y de los que mayor presupuesto tienen para ejercer por año.

De acuerdo con el censo del INEGI, la entidad veracruzana se encuentra en el séptimo lugar nacional (donde 1 es el peor) con el menor número de personas sentenciadas en las conclusiones efectuadas a las causas penales el año pasado.

De igual manera el Poder Judicial de Veracruz se encuentra en el octavo lugar con el menor número de sentencias publicadas en su sitio Web institucional.

En cuanto a presupuesto ejercido en los poderes judiciales en el país, el Poder Judicial de Veracruz se encuentra en el séptimo lugar nacional de los que más presupuesto ejercen por año con mil 748.3 millones de pesos, y ni aun así les alcanzó, teniendo que pedir extensiones de presupuesto y prestamos millonarios al Congreso del Estado; esto al menos en los últimos 2 años.

Aunado a lo anterior, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz, no quiere terminar de construir 12 ciudades judiciales, que están pendientes desde hace un año, pues afirma que provocaría que se “endroguen” por muchos años, por lo que busca no edificarlas; esta decisión podría tener repercusiones económicas para el Poder Judicial y las finanzas de Veracruz, por las penalizaciones de cancelación de contratos.

La funcionaria, que dejará el cargo en un mes (próximo 1 de diciembre) planteó la posibilidad de cancelar los contratos que se firmaron con la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R. L. y pidió el apoyo al Congreso de Veracruz, para revertir los decretos del 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de 2018, que permitían crear una asociación público privada, y edificar 20 ciudades judiciales.

No obstante, el Congreso poco puede hacer para revertir estos contratos que se firmaron en los años 2018 y 2019, pues de acuerdo a las reglas, solo corresponde al director general de Administración del Consejo de la Judicatura avalar, anular o modificar los acuerdos de construcción.

Los 20 contratos que se han redactado establecen que si el Poder Judicial a cargo de Isabel Romero, incumple con las cláusulas, habrá penalizaciones millonarias.

Se está planteando generar un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos al cancelar al menos 12 o 10 acuerdos de mutuo acuerdo; sin embargo, estas cancelaciones costarían tanto como terminar y pagar los proyectos.

Los diputados locales aprobaron que la construcción de las ciudades se podría contraer deuda por hasta 5 mil 100 millones de pesos. El monto mensual máximo de pago no podía superar los 17 millones de pesos, más IVA.

Al momento, según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) están pendientes de iniciar los trabajos en las ciudades judiciales de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.

Fuentes al interior del Poder Judicial plantean que la idea es llegar a un acuerdo, que evitaría la penalización y solo se cubriría gastos generados por los empresarios, cancelando la construcción de 10 ciudades judiciales; situación que se visualiza muy difícil de aterrizar y que Isabel Romero dejará pendiente de resolver a su sucesor.

Para Romero Cruz no se debe destinar más dinero a dichos inmuebles «que se ven bonitos por fuera, pero que con el tiempo por dentro no funcionan», dijo para excusarse de no haber cumplido con su palabra en el tiempo que estuvo al frente del PJEV.

«Me sobraron ganas para rescindir los contratos, porque el Poder Judicial no va a poder con esa carga tan grande si se siguen construyendo esas ciudades judiciales. Yo no estoy de acuerdo; creo que la ciudadanía menos», expresó.

Explicó que una vez que se jubile será el pleno del Tribunal Superior de Justicia el que defina a su sucesor y a los cargos cercanos a la presidencia, como el de la Administradora General, cargo que ocupa actualmente Joana Marlen Bautista Flores, polémica funcionaria que se ha visto inmiscuida en infinidad de señalamientos por corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, manejando a su antojo el millonario presupuesto del PJEV que supera los Mil 700 millones de pesos cada año, y estuvo 3 años en dicho cargo.