Monreal denuncia a Layda Sansores ante la FGR por intervención de comunicaciones privadas

  • Con motivo de las intervenciones de comunicaciones privadas que realizó y difundió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el senador Ricardo Monreal Ávila interpuso ante la FGR denuncia penal por varios delitos, entre ellos, intervención y difusión de conversaciones privadas y peculado.

Con motivo de las intervenciones de comunicaciones privadas que realizó y difundió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el senador Ricardo Monreal Ávila interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncia penal por varios delitos, entre ellos, intervención y difusión de conversaciones privadas y peculado.

La carpeta de investigación se está integrando, y se procede a su desahogo en términos de ley.

Los mensajes materia de la denuncia fueron publicados el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2022 en diversas redes sociales, así como el 25 de octubre de 2022 en el programa “Martes del Jaguar”.

Se reclama por la vía penal la intervención ilegal de comunicaciones privadas, así como la manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales oficiales (Youtube, Twitter, Facebook).

Independientemente de esta denuncia penal, que seguramente prosperará, dado que se configuran los elementos del delito, el senador Ricardo Monreal Ávila promovió demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos ilegales de la gobernadora del estado de Campeche y otras autoridades. Quedó registrada en el juicio 1819/2022, de fecha jueves 3 de noviembre del presente año.

La demanda de amparo se admitió y el juez de distrito concedió este 7 de noviembre la suspensión provisional que, de acuerdo con tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede, para que los responsables, la gobernadora y demás autoridades, se abstengan de continuar realizando publicaciones, así como que eliminen de internet y de las redes sociales estas publicaciones que a todas luces son falsas, carentes de veracidad, objetividad e imparcialidad, además de que con su utilización las autoridades actúan con ilegalidad, rebasando sus facultades.

Haber optado por la vía de la autoridad persecutora de delitos y la jurisdiccional tiene por propósito evidenciar las burdas e ilegales maniobras de ataques sistemáticos, con motivaciones políticas, emprendidas contra el senador Ricardo Monreal Ávila.