Gobierno Cuitláhuista heredará fraude de videovigilancia “yunista” a Nahle

  • De 6 mil cámaras, sólo han instaladas 1,925; lo que significa un 30% de avance, aunque ya están pagadas en su totalidad.

Zúñiga, señaló que el problema se originó en la administración Miguel Ángel Yunes; pero que Cuitláhuac en 6 años no lo pudo resolver.

#Xalapa

Como si se tratase de un boicot o de no concretar un proyecto de suma importancia para la seguridad de los ciudadanos, el Estado de Veracruz no puede invertir en cámaras de vigilancia hasta que se resuelva el caso litigio con la empresa Comtelsat SA de CV, con quien se contrató en 2017 la instalación de más de 6 mil cámaras durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, informó el todavía titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, sin embargo, dijo que a la fecha han sido instaladas sólo 1 mil 925 cámaras de vigilancia de este contrato, lo que significa un 30% de avance, aunque ya están pagadas en su totalidad.

Durante su comparecencia ante diputados locales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, reconoció que el conflicto legal con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V., que ha obstaculizado el funcionamiento del Sistema Estatal de Videovigilancia, será heredado a la próxima Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Dijo que la videovigilancia es una importante herramienta para las tareas de seguridad, pero no pueden implementar acciones de mejora debido a los procesos legales que siguen abiertos.

Zúñiga Bonilla señaló que el problema se originó durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, acusando un presunto fraude por parte de COMTELSAT; pero que Cuitláhuac en seis años no lo pudo resolver

“Aún persiste el problema del fraude que nos dejó la administración anterior, en donde más de mil millones de pesos están todavía dentro de un proceso legal, derivado del incumplimiento de diversas acciones que tenía que hacer la empresa COMTELSAT”, mencionó.

El titular de la SSP indicó que, por el proceso judicial que se ha prolongado por seis años, no se puede invertir en las cámaras hasta que no quede totalmente resuelto.