Interpone ORFIS 181 denuncias por desvío de más de 942 millones
|- Durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2011 y 2023, el ORFIS ha logrado recuperar más de 2,122 millones de pesos; realizó auditorías de legalidad para verificar los domicilios de empresas sospechosas de ser “fantasma” o de operar de manera ficticia, a raíz de denuncias difundidas en los medios.
Al ser cuestionada por legisladores sobre el uso de empresas “fantasmas” en la administración Cuitláhuista; Delia González Cobos dijo que el SAT atribuye el nombre de empresas “fantasma” a aquella no tiene infraestructura, ni activos y las incluye en el anexo 69B.
#Xalapa
Este miércoles, al comparecer ante el Congreso de Veracruz, la Auditora General Delia González Cobos; informó que en los últimos años se han interpuesto 181 denuncias ante la autoridad ministerial por el desvío de más de 942 millones de pesos en varios gobiernos.
Además, dijo que el procedimiento de Fiscalización Superior ha sido clave para la recuperación de fondos públicos, obteniendo resultados notables. Durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2011 y 2023, el ORFIS ha logrado recuperar más de 2,122 millones de pesos, un indicativo claro de su eficacia en la supervisión de los recursos públicos.
En cuanto a la Auditoría de la Cuenta Pública 2023, el ORFIS ha realizado un total de 607 auditorías, cubriendo una amplia gama de áreas de fiscalización. Además, se llevaron a cabo 611 revisiones y evaluaciones de cumplimiento relacionadas con temas cruciales como la legalidad, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como la participación ciudadana.
En total, el ORFIS ha practicado 1,218 auditorías a 308 entes fiscalizables, además de realizar una auditoría a la Cuenta Consolidada del Poder Ejecutivo. Estos esfuerzos destacan la labor constante del organismo para garantizar el uso adecuado de los recursos y promover una gestión pública más transparente y responsable.
El 30 de octubre del año pasado, el periódico Excélsior dio a conocer que el Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, enfrentaba serias acusaciones de corrupción por el desvió de más de 5 mil millones de pesos mediante un esquema de 227 empresas fantasma, afectando sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo social.
Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el Gobierno Cuitláhuista, fue el de Araly Rodríguez Vez, una profesora de secundaria en Poza Rica que, sin contar con antecedentes en el sector de proveeduría, recibió contratos que suman más de 100 millones de pesos.
Así mismo, una investigación realizada por el portal de noticias Animal Político; reveló que entre 2020 y 2023, la desastrosa administración de Cuitláhuac García Jiménez; usó a beneficiarios de programas sociales del gobierno de López Obrador para crear una red de empresas fantasma a las que se desviaron más de 400 millones de pesos en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal y la Secretaría de Salud; en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.
Al respecto, la auditora general, Delia González Cobos, informó que el ORFIS ha realizado auditorías de legalidad para verificar los domicilios de empresas sospechosas de ser “fantasma” o de operar de manera ficticia, a raíz de denuncias difundidas en los medios de comunicación. Sin embargo, precisó que las medidas para determinar este término son estrictas.
Explicó que el ORFIS no puede clasificar a una empresa como “fantasma” únicamente por su reciente creación o por la ausencia de su presencia en el domicilio registrado. La normativa seguida para definir este término se basa en que la empresa esté incluida en el listado 69B del Código Fiscal o haya sido previamente señalada por la Secretaría de la Función Pública.
Al ser cuestionada por legisladores sobre el uso de empresas “fantasmas” en la administración Cuitláhuista; Delia González Cobos dijo que el Sistema de Administración Tributaria atribuye el nombre de empresas “fantasma” a aquella no tiene infraestructura, ni activos y las incluye en el anexo 69B.
En el caso de Veracruz dijo que el organismo ha investigado a empresas por señalamiento en medio de comunicación, y ejemplificó una denuncia donde se detectaron 227 empresas durante el gobierno de Cuitláhuac García; sin embargo, dijo que no estaban clasificadas como fantasma.
“Se investigó a estas empresas y detectamos que entre seis y ocho habían firmado contratos con el gobierno de Veracruz por más de 205 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación también reviso a las empresas y no encontró nada”; finalizó.