El SNTE Sección 32 exige justicia laboral y respeto a los derechos del magisterio veracruzano
SNTE sección 32 exige la liberación inmediata de plazas y recursos docentes, el reconocimiento de promociones legítimas, el pago de seguros institucionales pendientes desde 2011, y la regularización de trabajadores adscritos a centros escolares distintos a los que realmente laboran.
May Hilario
Martínez de la Torre, Ver.
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 32 se manifestaron de manera pacifica frente al ayuntamiento municipal este pasado lunes, para pronunciarse ante las irregularidades que se han presentado en el ámbito laboral.
Dentro del comunicado dirigido a la opinión general, así como a la gobernadora del estado, Ing. Norma Rocío Nahle García, y al secretario de Educación Pública, Mtro. Mario Delgado Carrillo, detallaron problemáticas que como magisterio exigen se resuelvan.
Falta de asignación de plazas docentes, lo que ha dejado miles de horas clase sin cubrir debido a jubilaciones, defunciones o ascensos. Promociones negadas, pese a que cientos de trabajadores han sido evaluados, la autoridad educativa argumenta falsamente que no hay plazas disponibles. Directores sin reconocimiento, situación que afecta a más de 2,500 escuelas con figuras directivas comisionadas, pero sin derechos ni pago acorde. Atrasos en pagos y licencias, con demoras de hasta tres quincenas y sustituciones mal cubiertas. Irregularidades en USICAMM, incluyendo fallas en la plataforma que impidieron la participación de más de 800 trabajadores. Crisis en la Educación Indígena, marcada por contrataciones irregulares, persecución laboral y uso de documentos apócrifos. Hostigamiento institucional, mediante correos intimidatorios relacionados con declaraciones patrimoniales. Incumplimiento del decreto presidencial sobre movilidad laboral, con criterios arbitrarios que excluyen la participación sindical.
Ante esta situación, el SNTE Sección 32 exige la liberación inmediata de plazas y recursos docentes, el reconocimiento de promociones legítimas, el pago de seguros institucionales pendientes desde 2011, y la regularización de trabajadores adscritos a centros escolares distintos a los que realmente laboran.
Asimismo, piden la separación inmediata de Neyra Arleth Bautista Mayorga y Nidia Carilá Nava Palomec de sus actuales cargos administrativos, señaladas por su presunta responsabilidad en estas anomalías.
Como sindicato, reiteraron que el respeto a la ley, a los trabajadores y a la organización sindical no es negociable.
