Acredita CNDH violaciones graves en penales de Veracruz

• Con la Recomendación 143/2025.
• La muerte de una persona bajo custodia en el reclusorio de Villa Aldama obligaría a la Fiscalía General de Veracruz a presentar una denuncia administrativa, proceder en contra de servidores públicos y revisar la forma en que se investigan las muertes.

La recomendación de la CNDH señala irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Veracruz. Se documentaron deficiencias en la obtención y preservación de evidencias, inconsistencias en la práctica de la necropsia de ley y demoras en diligencias consideradas relevantes para esclarecer la muerte.

#Xalapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no sólo ha acreditado actos de tortura en Veracruz; esta vez, la muerte de una persona bajo custodia en una prisión federal obligaría a la Fiscalía General de Veracruz a asumir una responsabilidad que va más allá de un expediente penal: presentar una denuncia administrativa.

La CDNH requirió proceder en contra de servidores públicos y revisar la forma en que se investigan las muertes ocurridas dentro de los centros penitenciarios.

En la Recomendación 143/2025, el organismo presidido por Rosario Piedra documentó que la persona privada de la libertad murió después de caer de unos anaqueles metálicos en un módulo del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, en el municipio de Villa Aldama, donde no había personal de seguridad y las cámaras de videovigilancia no funcionaban.

El expediente establece que el 8 de julio de 2022, en la Estancia A del Módulo A, no existía vigilancia asignada al área y el sistema de monitoreo presentaba fallas. La caída no fue detectada de manera oportuna y los protocolos de auxilio no se activaron.

La investigación acreditó que, pese a la gravedad de las lesiones, la atención médica no fue eficaz. Cuatro días después, el 12 de julio de 2022, la persona falleció en el área médica de observación del propio penal. La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo directamente relacionado con la caída.

El organismo nacional de derechos humanos concluyó que el daño era evitable si el centro penitenciario hubiera contado con condiciones mínimas de seguridad, vigilancia continua y atención médica inmediata. También señaló que la autoridad responsable no acreditó haber corregido las deficiencias detectadas ni haber garantizado la habitabilidad del penal conforme a estándares internacionales.

El caso fue conocido por la Comisión el 17 de agosto de 2022, cuando familiares de la víctima presentaron una queja por la muerte ocurrida semanas antes bajo custodia del Estado. A partir de esa denuncia se inició una investigación que concluyó el 17 de diciembre de 2025 con la emisión de la recomendación dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y a la Fiscalía de Veracruz.

Tras revisar el expediente, la Comisión acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal y a la reinserción social de la persona fallecida, así como a los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de sus familiares, reconocidos como víctimas indirectas.

En el ámbito ministerial, la recomendación señaló irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Veracruz. Se documentaron deficiencias en la obtención y preservación de evidencias, inconsistencias en la práctica de la necropsia de ley y demoras en diligencias consideradas relevantes para esclarecer la muerte.

Como parte de las medidas ordenadas, la Comisión exigió la reparación integral del daño a los familiares, tanto en el ámbito material como moral, además de atención psicológica o tanatológica.

También solicitó el diseño e implementación de un plan para mejorar las condiciones de habitabilidad del penal y la capacitación del personal de seguridad y custodia en derechos humanos y en la atención inmediata de situaciones de riesgo.

Además, la CNDH también pidió a la Fiscalía estatal colaborar en la denuncia administrativa contra los servidores públicos involucrados, incorporar la Recomendación 143/2025 a la carpeta de investigación del caso y capacitar al personal ministerial que intervino en el expediente, con el objetivo de evitar la repetición de conductas que propicien la impunidad.

La resolución incluyó el reconocimiento formal de dos personas como víctimas indirectas y la obligación de garantizarles acceso a la información, acompañamiento y apoyo conforme a la Ley General de Víctimas.

El documento no cierra el caso. La Comisión solicitó a ambas autoridades designar a un funcionario de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas y reportar avances, luego de que la caída ocurrió sin testigos, sin cámaras y sin custodios.