Transportistas endurecen reclamos por inseguridad y abusos de grúas; Altas Montañas, zona clave ante posible paro

• La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) informó que durante esta semana sostendrá reuniones con autoridades estatales para analizar las respuestas a sus demandas y, a partir de ello, determinar si realiza una manifestación pacífica o avanza hacia un paro carretero.

Alfonso Gutiérrez 

#Altas_Montañas

La inconformidad entre los gremios del transporte por la inseguridad en las carreteras, los operativos, el actuar de algunas corporaciones y los costos derivados del uso de grúas mantiene abierta la posibilidad de una movilización en distintos puntos de Veracruz, con la región de las Altas Montañas entre las zonas que podrían registrar una mayor concentración de unidades.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) informó que durante esta semana sostendrá reuniones con autoridades estatales para analizar las respuestas a sus demandas y, a partir de ello, determinar si realiza una manifestación pacífica o avanza hacia un paro carretero.

Pedro Romero Hernández, delegado de AMOTAC en la zona centro, explicó que las reuniones están previstas entre este lunes y miércoles, por lo que la decisión final dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse con las autoridades.

El dirigente señaló que las demandas del sector abarcan distintos temas, entre ellos la seguridad en los principales corredores carreteros, los operativos realizados por corporaciones como la Guardia Nacional, Policía Estatal, Tránsito Municipal y Transporte Público, así como los cobros que algunos ayuntamientos aplican a vehículos de carga por permisos o conceptos relacionados con su circulación.

Uno de los principales puntos de preocupación continúa siendo la inseguridad. De acuerdo con Romero Hernández, los transportistas afiliados han contabilizado más de 150 asaltos durante el presente mes en territorio veracruzano, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor debido a que algunos operadores deciden no denunciar.

Explicó que después de sufrir un robo, los transportistas deben enfrentar gastos, pérdida de tiempo y trámites para presentar una denuncia, además de las dificultades que pueden surgir para recuperar las unidades y las mercancías, circunstancias que contribuyen a que algunos hechos no queden registrados oficialmente.

A este escenario se suman las inconformidades relacionadas con el funcionamiento de las empresas de grúas y determinados operativos en carreteras federales. El representante de AMOTAC indicó que algunos operadores han señalado presuntas revisiones irregulares e incluso situaciones en las que supuestamente se habría colocado droga en unidades, aunque reconoció que la actuación de la Guardia Nacional también ha permitido disminuir algunos de estos señalamientos.

En caso de concretarse la movilización, la región de las Altas Montañas podría convertirse en uno de los puntos de mayor impacto. AMOTAC contempla posibles concentraciones en sectores como San Cristóbal, Sumidero y Rancho Trejo, dentro del corredor Córdoba-Orizaba.

El dirigente estimó que la protesta podría reunir alrededor de 2 mil 500 unidades, considerando la participación de transportistas de otras entidades; sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha definitiva ni se han establecido de manera oficial todos los puntos de concentración.

Mientras AMOTAC analiza la posibilidad de movilizarse, otro de los principales gremios del sector, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), ha puesto sobre la mesa una problemática relacionada directamente con las grúas, los depósitos vehiculares y la aplicación de las disposiciones en las carreteras federales.

Janeth Chumacero Iturbide, vicepresidenta de Comunicación de la ANTAC, consideró que las recientes modificaciones al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal representan un avance para los transportistas, aunque advirtió que su efectividad dependerá de que las nuevas reglas sean aplicadas de manera uniforme y sin discrecionalidad.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para el gremio es que una infracción administrativa pueda terminar con el retiro de una unidad, su traslado mediante grúa y posteriormente con el cobro de cantidades elevadas por concepto de arrastre, maniobras, depósito y liberación.

Chumacero Iturbide destacó la incorporación del artículo 216 Bis, al considerar que abre la posibilidad de que, bajo determinadas circunstancias, el operador pueda continuar conduciendo cuando el vehículo se encuentre en condiciones adecuadas para circular, evitando que una infracción derive automáticamente en el uso de una grúa.

Sin embargo, la representante de ANTAC sostuvo que esta disposición debe acompañarse de mecanismos de supervisión que garanticen que las reglas no sean utilizadas como una herramienta de presión contra los transportistas.

En ese sentido, el gremio ha planteado la creación de un protocolo nacional para regular la actuación de las grúas, las remisiones y los depósitos vehiculares, estableciendo con claridad en qué circunstancias procede retirar una unidad y cuándo resulta necesario enviarla a un corralón.

La organización también demanda que las tarifas por arrastre, maniobras, salvamento y depósito sean públicas y transparentes, además de que las empresas de grúas estén obligadas a entregar documentación que permita comprobar los servicios realizados y los conceptos cobrados.

Entre los documentos que ANTAC considera importantes se encuentra la denominada memoria descriptiva, mediante la cual se detallan las maniobras y servicios efectuados. De acuerdo con Chumacero Iturbide, en algunos casos este documento no es entregado a los transportistas, lo que dificulta comprobar los cobros y puede abrir espacios para posibles irregularidades.

El gremio también pidió establecer canales confiables para presentar denuncias por cobros indebidos o abusos, de manera que las quejas puedan ser investigadas y atendidas por las autoridades correspondientes.

A pesar de las diferencias en los planteamientos, tanto AMOTAC como ANTAC coinciden en la necesidad de contar con mayor seguridad, reglas claras y condiciones de operación más transparentes para quienes diariamente recorren las carreteras del país.

La ANTAC, encabezada por David Estévez Gamboa, aclaró además que no existe oposición al uso de nuevas tecnologías para mejorar la operación carretera. No obstante, consideró que cualquier herramienta implementada debe servir también para fortalecer la seguridad y prevenir delitos que afectan a los operadores.

De esta manera, mientras AMOTAC mantiene abierta la posibilidad de una movilización y espera conocer las respuestas de las autoridades, ANTAC insiste en la necesidad de modificar prácticas que, desde su perspectiva, generan costos y complicaciones adicionales para el transporte de carga.

La definición de los próximos días será determinante para el sector, particularmente en las Altas Montañas, donde cualquier concentración de unidades pesadas podría generar afectaciones importantes en los principales corredores carreteros de Córdoba y Orizaba y repercutir en el traslado de mercancías y la movilidad de miles de usuarios.