Dictan sentencias de 80 y 70 años de prisión

• Las resoluciones corresponden a dos casos ocurridos en Tlapacoyan y Amatlán de los Reyes, informó la Fiscalía General del Estado

#Tlapacoyan

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó sobre dos sentencias condenatorias por el delito de secuestro agravado, con penas de 80 y 70 años de prisión para dos hombres cuya responsabilidad penal fue acreditada durante los respectivos juicios orales. Las resoluciones corresponden a investigaciones desarrolladas por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), relacionadas con hechos ocurridos en los municipios de Tlapacoyan y Amatlán de los Reyes.
En el primer caso, Tomás “N” fue sentenciado a 80 años de prisión por hechos ocurridos el 3 de febrero de 2020. De acuerdo con la información ministerial, la víctima, quien trabajaba como taxista, fue vista por última vez en un sitio de taxis de Tlapacoyan, cuando salió con dos pasajeros rumbo a la localidad de Vega Chica. Posteriormente, se exigió un pago a cambio de su liberación. Tras un operativo policial, el ahora sentenciado fue detenido y, el 6 de febrero de ese año, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la misma localidad. El caso quedó registrado en el juicio oral J-30/2022.
En un segundo asunto, Pedro “N” recibió una sentencia de 70 años de prisión por el secuestro agravado de un agricultor, ocurrido el 18 de febrero de 2022 en un camino de terracería entre Paraje Nuevo y Atoyaquillo, en Amatlán de los Reyes. Según la Fiscalía, sujetos armados privaron de la libertad a la víctima y exigieron dinero a sus familiares. El 22 de febrero, mediante un operativo policial, Pedro “N” fue detenido en flagrancia cuando presuntamente acudió a cobrar el pago exigido, mientras que la víctima fue liberada. Los hechos se integraron en el juicio oral 81/2023.
En ambos casos, los órganos jurisdiccionales determinaron, además de las penas de prisión, la suspensión de los derechos civiles y políticos de los sentenciados. La Fiscalía señaló que las identidades de las víctimas permanecen bajo resguardo legal y reiteró que las resoluciones derivaron de las pruebas presentadas durante los procesos judiciales.