Familias exigen castigo y no liberar a defraudadores inmobiliarios

  • De la red que encabezaba el abogado Roly DR.
  • Fueron despojadas de casas, edificios, terrenos y ranchos mediante operaciones irregulares, simuladas o fraudulentas.
  • Se deben incrementar las penas contra quienes cometan fraudes y despojos: actualmente, responsables pueden salir pagando fianza aún y cuando causaron un grave daño al patrimonio, salud y tranquilidad de las víctimas.

“Venimos a manifestarnos porque queremos justicia, no deben salir en libertad, que se queden en el penal de Pacho Viejo. Nos hicieron mucho daño. Tenemos casos de adultos mayores a los que despojaron de sus propiedades y los dejaron en la calle”, expresaron.

#Xalapa

Este miércoles, se dio a conocer que integrantes de al menos 19 familias víctimas de fraudes y despojos inmobiliarios en la Capital y la región se manifestaron frente a la Sala de Juicio Oral del Distrito Judicial de Xalapa, ubicada en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, para exigir castigo contra los presuntos integrantes del llamado “Fraude Inmobiliario”.
La manifestación se realizó mientras se desarrollaba la audiencia de vinculación a proceso de Jorge LZ y Álvaro GA; señalados por las víctimas de formar parte de la red que presuntamente encabezaba el abogado Roly DR.
Una de las manifestantes y afectada entrevistada, Martha Patricia Aguilar Rendón; informó que acudieron representantes de al menos 19 familias que aseguran haber sido despojadas de casas, edificios, terrenos y ranchos mediante operaciones irregulares, simuladas o fraudulentas.
“Venimos a manifestarnos porque queremos justicia, no deben salir en libertad, que se queden en el penal de Pacho Viejo. Nos hicieron mucho daño. Tenemos casos de adultos mayores a los que despojaron de sus propiedades y los dejaron en la calle”, expresaron.
Aguilar Rendón, señaló que actualmente hay siete personas detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) e internadas en el penal de Pacho Viejo por su probable participación en estos hechos; sin embargo, afirmó que todavía hay otras personas que presuntamente colaboraron con la red.
Entre ellas mencionó a Claudia Esperanza RS, quien trabajaba como perito en el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y a quien las víctimas acusan de validar como originales firmas que, aseguran, eran falsas.
“En todos los juicios decía que las firmas de las víctimas eran firmas originales, cosa totalmente falsa, denunció Aguilar Rendón.
También señaló a Miriam C R, esposa del abogado Miguel Atilano C, como otra persona que presuntamente se encuentra prófuga de la justicia.
Las familias identificaron a Roly DR como el principal señalado y aseguraron que continúa prófugo e indicaron que existe una ficha roja de Interpol para localizarlo, ante la posibilidad de que haya salido del país.
Durante la manifestación, los afectados señalaron que en los procesos judiciales se ha mencionado el testimonio de una persona con identidad resguardada, quien presuntamente declaró haber visto al abogado Roly D. obtener 70 millones de pesos en cuestión de minutos por realizar el desalojo de una familia.
Solicitaron a los diputados locales reformar el Código Penal de Veracruz para incrementar las penas contra quienes cometan fraudes y despojos de propiedades; ya que argumentaron que las sanciones actuales permiten que algunos presuntos responsables puedan recuperar su libertad mediante el pago de una fianza aún y cuando causaron un grave daño al patrimonio, salud y tranquilidad de las víctimas.
“Todo este cartel inmobiliario actuó de manera impune porque saben que son delitos menores y que pueden salir bajo fianza. Por eso estamos aquí, para que sancionen a todos los que actuaron de mala fe”, expusieron.
Los manifestantes afirmaron que la Fiscalía General del Estado tiene 57 denuncias relacionadas con el presunto cartel inmobiliario que, según sus señalamientos, dirigía Roly DR.
Las familias estimaron que existen más de 200 familias afectadas por los despojos en Xalapa y municipios de la región, por lo que también exigieron que las propiedades sean restituidas a sus legítimos dueños.