Poder Judicial debió recibir 2,568 mdp; le quitaron 954 millones del 2021

• Magistrada presidenta Inés Romero, aceptó la imposición del Gobierno Estatal y no lo reclamó legalmente; tenía que interponer controversia constitucional.
• A pesar de la clara inconstitucionalidad por descontarles 954 millones 133 mil 387 pesos, la presidenta del Poder Judicial del Estado, no defendió la autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Xalapa
El 27 de junio de 2016, entró en vigor la reforma al artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la que se estableció la autonomía presupuestal, que obliga al Estado a que: “El presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al 2 por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo y deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley”.
De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, el presupuesto total del Estado de Veracruz para el año 2021. es de 128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos, por lo que al Poder Judicial le debió haber sido asignado, como mínimo, un monto de 2 mil 568 millones 413 mil 685 pesos, que corresponde al 2 por ciento del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, se le asignaron al Poder Judicial 954 millones 133 mil 387 pesos menos de lo establecido constitucionalmente, autorizándole para el Ejercicio Fiscal 2021 un presupuesto de mil 614 millones 280 mil 299 pesos, interpretando que, contrario a lo establecido por la Constitución local, la base de asignación tendría que ser el total de los recursos de libre disposición y no el presupuesto general del Estado.
A pesar de esa clara inconstitucionalidad de este hecho, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, no defendió la autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habría obligado al Congreso del Estado a respetar el presupuesto mínimo establecido en la Constitución de Veracruz.
Ahora, la violación a la Constitución de Veracruz y la omisión de Inés Romero Cruz han ocasionado que el Poder Judicial del Estado se encuentre al borde del colapso financiero, reconociendo la propia Romero Cruz, un déficit de 500 millones de pesos para poder concluir el año.
Ante dicha situación, el pasado mes de junio ordenó el cierre de 29 juzgados y el despido masivo del personal que laboraba en ellos. Además, ha solicitado a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que acepten una reducción salarial del 30 por ciento de sus salarios, a pesar de que esto se encuentra prohibido por la Constitución Federal, que establece que las percepciones de los Magistrados no podrán ser reducidas durante su encargo.

Así mismo y según comunicado, los Magistrados y consejeros del Poder Judicial de Veracruz recibirán prestaciones como las de la clase trabajadora, con el Plan de Austeridad implementado por su Administración; se eliminarán los “excesos” con los que contaban los mejores pagados del Poder Judicial, como lo son los choferes y secretarios particulares.

Se retirarán aquellas prestaciones que por ser Magistrados o Consejeros contaban como los bonos únicos y disminuirán las gratificaciones como el aguinaldo, hasta llegar a ser parecidas a las de la clase trabajadora.

El Plan de Austeridad para el Poder Judicial, no afectará a los trabajadores, pues las reducciones únicamente se contemplan a magistrados y consejeros.

Otras de las medidas que se realizarán es la cancelación del suministro de insumos para magistrados y consejeros que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales; así como, se cancela la figura de secretario adjunto dentro de la institución.

Al contar con la categoría más alta dentro de la institución, se les propone algunas restricciones a los magistrados y consejeros del Poder Judicial en cuanto a sus percepciones especiales.

Por ello, solo se permitirá la asignación de asistentes de magistrados en su calidad de conductores ejecutivos o su equivalente al magistrado presidente y a los magistrados que por alguna discapacidad que les impida su traslado en forma personal a su centro de trabajo.

Para el caso de los magistrados visitadores únicamente tendrán el apoyo para el desarrollo de su función oficial.

Además, el cálculo del otorgamiento de la prestación de aguinaldo para magistrados y consejeros será homologado al que se otorga a todos los trabajadores de la institución.

Se elimina y se prohíbe cualquier bono especial o adicional para magistrados y consejeros que no se otorgue a los demás servidores públicos.

De igual forma, el cálculo del otorgamiento de la prestación denominada bono trimestral para magistrados igualmente será homologado al resto de los trabajadores.

Se prohíbe y se cancela cualquier acta de Pleno que haya autorizado cantidades económicas únicas para magistrados y consejeros adicionales a las prestaciones que tienen contempladas la ley o en los sistemas de haberes de retiro.

Se prohíben los vales de gasolina para magistrados y consejeros; únicamente podrán solicitarlos para el desempeño de sus funciones.

Sólo se permitirá un puesto de auxiliar de consejero o secretario de estudio y cuenta por ponencia, adscritos al Consejo de la Judicatura, salvo la comisión de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia, que por su naturaleza y permanencia contará con el personal estrictamente necesario, condicionado a la disponibilidad presupuestal.