Cuidar el PIB en una economía mixta
Cuidar el PIB en una economía mixta
Reynaldo Escobar
Partiendo de la base de que la intervención estatal en las actividades económicas tiene el propósito fundamental de regular el mercado financiero, se puede considerar que el poder público debe emplearse para regular el sistema económico en cada país, cuya economía es considerada libre.
La planeación democrática debe servir para limitar la intervención estatal y fomentar desde el gobierno las inversiones de la iniciativa privada (interna, externa o internacional), para lo cual según la Enciclopedia Jurídica Mexicana, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Estado cuenta con tres modelos de intervención que permiten en primer lugar, con la llamada técnica “de policía”, resguardar las actividades empresariales privadas mediante un sistema de normas jurídicas que garanticen el respeto al patrimonio de los inversionistas, al mismo tiempo que se fomente oficialmente una mayor inversión con apoyos tributarios, financieros y crediticios, que incrementen las inversiones privadas, asegurando la recuperación del capital y sus ganancias.
Nadie que esté en sus cabales invierte su dinero para recoger pérdidas en las actividades comerciales, industriales o de servicios que están reglamentadas por el Estado de derecho, mucho menos para generar una quiebra que ponga en riesgo a los inversionistas de perder la totalidad de su patrimonio por un mal negocio o un despojo que tendría que pasar por encima de la ley.
La técnica de “fomento” se orienta en beneficio de los inversionistas, mediante apoyos tributarios, financieros y crediticios, que el Estado pone a disposición de los inversionistas privados, a fin de delimitar el rumbo definido en la planeación democrática, que servirá para mejorar el ingreso y la capacidad de compra de satisfactores, requeridos por la sociedad en general.
Finalmente y de vital importancia, el Estado debe clasificar las actividades o la prestación de servicios que no incumben al sector privado, porque resultan inherentes a las funciones que de manera ordinaria son competencia del Estado, tales como la impartición de justicia, la prevención y fomento de la salud, de la educación y otras necesidades básicas para el desarrollo de la población.
En conclusión, existe una necesidad indisoluble de trabajo en equipo, del Estado mexicano y la iniciativa privada. Basta de divisionismos y confrontaciones.
Nadie que esté en sus cabales invierte su dinero para recoger pérdidas en las actividades comerciales, industriales o de servicios que están reglamentadas por el Estado de derecho.
