DESATINOCRACIA
DESATINOCRACIA
Por Juan Baizabal
La ética, la virtud y la responsabilidad no deben ser exclusivas de quienes ostentan un cargo político, también deben atenuarse en los procuradores de justicia, autoridades y servidores públicos de columna vertebral del orden social.
Nuestro sistema de justicia ha evolucionado una y otra vez. El Derecho Procesal Mexicano, ha existido desde la época prehispánica. Los aztecas representaban jeroglíficamente su actividad jurisdiccional en el Códice Mendocino.
Este derecho ha sido objeto de estudio y varios investigadores, mismos que han resaltado y reconocido su forma de organización, las actividades conducentes en los juicios y resoluciones por los “Teuctli” o jueces menores, o por el “Cihuacoatl” o juez mayor en el “Tlacxitlan” o Tribunal Superior.
Fray Bernardino de Sahagún plasmó que, para el desempeño de la administración de justicia, los aztecas trataban de reclutar a los hombres más idóneos: “Se elegían jueces, personas nobles y ricas ejercitadas en las cosas de la guerra y experimentadas en los trabajos de las conquistas, personas de buenas costumbres, que fueran criados en los monasterios del Calmécac, prudentes y sabios y también criados en el palacio… Se miraba que no fueran borrachos, ni amigos de tomar dádivas, ni fueran aceptadores de personas, ni apasionadas” (Oñate, 2019).
Entre las cualidades de los jueces, de Sahagún puntualizó que debían averiguar bien los pleitos, ser respetado, grave, severo, espantable y tener presencia digna, de mucha gravedad y reverencia, y ser temido por todos. “El buen senador es recto juez y oye a entrambas partes, y pondera muy bien la causa de unos y de los otros; da a cada uno lo suyo, y siempre hace justicia derecha; no es aceptador de personas y hace justicia sin pasión”. “El mal senador, por el contrario, es aceptador de personas, apasionado… es parcial, amigo de cohechos e interesado” (Oñate, 2019).
Para Fray Bartolomé de las Casas “se debía tener prudencia y sabiduría para establecer leyes y constituir jueces y mandar ejecutar justicia, y no cualquiera, sino buena y recta justicia, cuando entre fieles que de conocimiento de verdadero Dios carecía, podía y justicia hallarse” (Oñate, 2019).
Respecto a la honestidad de los funcionarios judiciales, según datos aportados por Antonio de Solís: “Se castigaba con pena de la vida la falta de integridad de los ministros, sin que se diese culpa venial en los que servían oficios públicos, y Moctezuma puso en mayor observancia esta costumbre haciendo diligencias para saber cómo procedían, hasta examinar su desinterés con algunos regalos ofrecidos por mano de sus confidentes: el que faltaba en lago a su obligación moría por ello irremisiblemente” (Oñate, 2019).
Un sistema de procuración de justicia duro y rígido, que no permitía actos desleales y de conveniencia, a los que hoy podemos llamar corrupción.
El fin de semana se viralizó la sorpresiva noticia del extitular de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, cenando y conviviendo con otras personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Acto que pudiera transcender sin mayor importancia, sin embargo, no puede pasar de manera desapercibida, debido a los supuestos actos de corrupción, en los que se le ha implicado y por los que hoy se encuentra en investigación.
Hay que recordar que “Emilio L” es investigado por su posible involucramiento en el caso Odrebrecht y por supuestamente recibir al menos 10 millones de dólares por parte de la constructora brasileña y otorgar contratos millonarios.
Razón por la que el Gobierno de la República inició la búsqueda de su paradero y solicitó su extradición, dado que se encontraba en España. Fue así que el 17 de julio de 2020 llegó a tierra mexicana.
Después de la presión social en redes sociales y medios de comunicación, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero dio a conocer que “Emilio L” sigue siendo procesado e informó que el tiempo que se tiene para aportar pruebas concluye el próximo tres de noviembre del presente año.
Esta declaración ha causado asombro, sorpresa e indignación, parece ser solo una justificación, y más cuando hemos sido testigos de la dureza y saña con que han sido tratados varios investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Situación que expone y permite a la opinión pública hacer juicios de valor respecto al funcionamiento de la procuración de justicia en nuestro país.
