Se debe excarcelar a quienes fueron acusados por ultrajes

• Es un abuso de autoridad: abogados.
• CNDH pidió a Veracruz derogar el delito, además de revisar los casos en los que se han detectado arbitrariedades.

Xalapa

Van 1 Mil 33 detenciones y encarcelados injustamente por el delito de ultrajes a la autoridad, que se han llevado a cabo desde marzo del 2021 a la fecha; todos ellos quedarían en libertad al ser derogado este delito.

Abogados de diferentes barras, federación y colegios de especialistas se reunieron con diputados locales para revisar la viabilidad de reformar el código penal. Quieren derogar el delito de ultrajes y que se pueda revisar algunas detenciones que consideran arbitrarias.

Este jueves acudieron abogados penalistas para reunirse con los integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 Legislatura, con la intención de explicar la viabilidad de adecuar el código penal y las sanciones que se impusieron al delito de ultrajes.

El 11 de marzo del 2021, la mayoría de Morena aprobó un paquete de cambios al código penal, entre las adecuaciones se sanciona el delito de extorsión, cobro de piso, ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad. Se establecieron penas desde siete y hasta 15 años.

El abogado penalista Tomás Mundo Arriaza explicó que la reunión se dio con la intención de “sugerir” a los diputados como establecer delitos y sanciones de tipo penal, relacionados con ultrajes a la autoridad.

El especialista reconoció que son varios los casos en los que se les ha revertido lo hecho por los legisladores, por lo que consideró oportuno el brindar asesoría legal para actualizar las leyes locales, “y evitar litigios innecesarios”.

Recordó que la CNDH pidió a Veracruz derogar el delito, además, se deben revisar los casos en los que se han detectado arbitrariedades al momento de detener a presuntos delincuentes, y con ello obligar su salida de manera inmediata.

Planteó que ellos acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la semana próxima para revisar cómo va la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Sin embargo, consideró que es necesario que antes de que se declare la inconstitucionalidad de la ley, se debe lograr excarcelar a todos los ciudadanos que fueron acusados por delitos de ultrajes, y existen elementos que hacen presumir que se trata de abuso de autoridad.

“El 571 quinqués, es plan B. Yo espero que ahí opere la sensibilidad política; ahí se va a quedar y se va a ver si no es la otra opción para los policías”.

El integrante de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 Legislatura, Marlon Ramírez Marín explicó que la idea es poder analizar de manera conjunta con los abogados las iniciativas que presentaron el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, diputados del Partido del Trabajo y Acción Nacional.

Comentó que la idea es revisar todos los cambios que se dieron al código penal y que generan incertidumbre y violación a los derechos humanos.

“En este momento nosotros tenemos la posibilidad de poder escuchar la opinión de los abogados, a mí me parece que no se puede desaprovechar la posibilidad de perfeccionar la ley. Este es un trabajo colegiado, vamos a escuchar a poco más de 20 ponentes”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que escucharán a todas las barras y colegios de abogados para conocer su postura.

A la fecha, dijo, no hay un plazo para votar el dictamen, “va a haber una mesa de trabajo, y vamos a escuchar las inquietudes de los abogados, bajo los criterios que ellos tomen, nosotros vamos a actuar”.