Congreso de Veracruz no aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2018; alcaldes y exfuncionarios interpondrían acción de inconstitucionalidad

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• En la sesión extraordinaria, en la que no se presentaron seis diputados locales cuatro de ellos del PRI-Verde y dos panistas, con 31 votos a favor se determinó que no se aprobaba el dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública, con lo que se echó abajo todo lo que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por espacio de nueve meses.
• Alcaldes en funciones y los exfuncionarios públicos podrían interponer una acción de inconstitucionalidad por ampliar el periodo de revisión del Informe de Resultados la Cuenta Pública 2018, pues no existe fundamento legal. Vulnera los derechos de los entes fiscalizables, y los deja en la indefensión.
• Los 328 entes fiscalizables y pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; “Si en uno, dos o cinco entes vemos alguna inquietud, se revisa de manera particular esos entes o ayuntamientos, pero no tienen por qué darle marcha atrás a todo el proceso de fiscalización, nunca se ha dado, se ponen a todos los entes en un estado de indefensión, con este dictamen los diputados de Vigilancia, del partido Morena, quieren echar para atrás todo el proceso y es ilegal, rompe con el principio de legalidad y confiabilidad, incluso, para quienes reintegraron recursos».

Xalapa

Con el apoyo del PRD, Movimiento Ciudadano y el extinto partido Encuentro Social, Morena aprobó dar un plazo de 90 días al órgano de Fiscalización Superior para presentar un nuevo Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, violentando la Constitución que establece la obligación de aprobarla el informe el último día del mes de octubre.
En la sesión extraordinaria, en la que no se presentaron seis diputados locales cuatro de ellos del PRI-Verde y dos panistas, con 31 votos a favor se determinó que no se aprobaba el dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública, con lo que se echó abajo todo lo que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por espacio de nueve meses.

El argumento de Morena, en voz del presidente de la Comisión de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez, fue que se busca transparentar y dar certeza a la revisión financiera que hicieron despachos contables contratados por el Orfis.
Por algunas quejas de representantes de entes fiscalizables era necesario llevar a cabo una revisión más confiables, planteó desde la máxima tribuna al justificar el sentido del dictamen del grupo de trabajo.
“Fue difícil tomar una decisión de la que no se tenga precedente en el estado, pero después del intercambio de ideas y opiniones hubo consenso alcanzando mayoría en la formulación del dictamen”.
El partido Acción Nacional reprochó que Morena sólo busca crear conflicto y una cortina de humo, que lejos de defender la transparencia, solo les permite coronarse como dictadores, violentado los procedimientos legales.
El diputado local Rodrigo García Escalante, consideró que existe un interés ajeno a algo público, “porque quieren que el Orfis, con nueva titular, revise lo que ya entregaron los entes a los pliegos de observaciones, por si no lo entendieron, es volver a empezar”, ironizó.
El Orfis hizo un trabajo, no es legal que la mayoría del Congreso le quiete valor a las conclusiones, porque hacerlo es arbitrario que deja en estado de indefensión a todos los entes fiscalizables.

Por lo anterior, alcaldes en funciones y los exfuncionarios públicos podrían interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso local, por ampliar el periodo de revisión del Informe de Resultados la Cuenta Pública 2018, pues no existe fundamento legal.

En ese sentido, el legislador, Juan Manuel de Unanue  reconoció que la ley permite hacer una revisión especial a algunos de los informes entregados, pero no al informe general, lo que vulnera los derechos de los entes fiscalizables, y los deja en la indefensión, a los 328 entes fiscalizables y pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si en uno, dos o cinco entes vemos alguna inquietud, se revisa de manera particular esos entes o ayuntamientos, pero no tienen por qué darle marcha atrás a todo el proceso de fiscalización, nunca se ha dado, se ponen a todos los entes en un estado de indefensión”, planteó.

Y es que la revisión, según lo dicho por los diputados locales se basa en sospechas de que se dio una solventación irregular del manejo financiero, maquillando el resultado que las cuentas públicas, en especial de algunos municipios.

“Con este dictamen los diputados de Vigilancia, del partido Morena, quieren echar para atrás todo el proceso y es ilegal, rompe con el principio de legalidad y confiabilidad, incluso, para quienes reintegraron recursos».