REGINA Y ERNESTINA
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
REGINA Y ERNESTINA
En el transcurso de 15 días, el presidente López Obrador ha sido ovacionado y reprobado por los crímenes de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, y de Ernestina Ascencio Rosario, una indígena septuagenaria salvajemente ultrajada por militares en la sierra de Zongolica.
Al caso de la mujer náhuatl, la reportera le dio puntual seguimiento periodístico. Todavía en noviembre de 2011, seis meses antes de ser asesinada en su casa de Xalapa, Regina publicó que el caso de Ernestina Ascencio iba a ser enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de que se agotaron todos los procedimientos legales en las instituciones mexicanas “sin ningún resultado en la aplicación de la justicia”, según le había informado Julio Atenco Vidal, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, quien le anticipó que unas abogadas preparaban ya el recurso correspondiente para presentarlo ante el organismo internacional.
Este crimen levantó mucha ámpula en las altas esferas gubernamentales, motivando incluso actos de intimidación en contra del reportero Rodrigo Vera, compañero de Regina en Proceso, quien fue citado a declarar por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz por el uso de una fotografía de la autopsia de Ascencio Rosario.
Y es que en el punto tres de la Recomendación 34/2007 sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recomendado investigar “la presunta responsabilidad de quién o quiénes hayan difundido indebidamente una foto del cuerpo de la persona que en vida respondió al nombre de Ernestina Ascencio Rosario, obtenidas durante la práctica de la necropsia”.
Sin embargo, por otros casos similares, la misma CNDH había emitido en agosto de 2004 otra recomendación dirigida al Procurador General de la República, al Procurador de Justicia Militar, gobernadores y alcaldes para evitar la intimidación a periodistas para que revelen sus fuentes. En esa ocasión se argumentó que la Procuraduría de Veracruz también violaba el punto ocho de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, de la que México es signatario, que estipula que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
El 19 de noviembre pasado, el presidente López Obrador fue ovacionado al comprometerse públicamente a solicitar que se reabra la investigación por el crimen de Regina, pero 15 días después el mandatario fue severamente cuestionado por activistas ya que en la audiencia que este viernes 4 de diciembre realizó la CIDH para el análisis de fondo del caso Ernestina Ascencio, funcionarios de la Fiscalía de Veracruz, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y de la Cancillería validaron “la vergonzosa verdad histórica usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano contra una mujer indígena náhuatl de Veracruz”, reprochó, por ejemplo, Rosalba Aída Hernández Castillo, doctora en Antropología e investigadora del CIESAS.
