‘LOS PIÑAS’

AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

‘LOS PIÑAS’

Este miércoles 16, alrededor de las 21:00 horas, se reportó al 911 de Emergencias una balacera en la calle de Alcatraz número 173, entre Benito Juárez y Luis Madrigal, en la colonia Dos Caminos, del puerto de Veracruz.

Ahí, en la esquina de una taquería, cuatro sujetos desconocidos balearon a dos hombres que estaban acompañados de una mujer. Según la versión de una testigo, los agresores llegaron en una camioneta Raptor, color blanco con negro, de batea, modelo 2012, de la cual se bajaron y empezaron a disparar, lesionando a los dos hombres que fallecieron antes de que arribara la ambulancia.

Al retirarse, se llevaron un vehículo blanco, al parecer propiedad de una de las víctimas, y también el teléfono celular de la mujer herida, quien no proporcionó su nombre.

Uno de los fallecidos fue identificado como Raúl Estrada Espinoza, de 56 años de edad, dedicado supuestamente a la compra de carros y ganado, y el otro como José Antonio Estudillo Ordaz, de 35 años y de ocupación empleado.

Este caso, que mediáticamente no ha trascendido, ha llamado la atención porque las autoridades estatales de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo manejan con gran hermetismo, pues se presume que uno de los ejecutados estaría vinculado con “Los Piñas”, un grupo delincuencial al que se le imputa el reciente crimen de Moisés “Monchi” Gasperín Crivelli, un respetado productor piñero del municipio de Juan Rodríguez Clara, tío de la exalcaldesa priista Amanda Gasperín Bulbarela y suegro del político boqueño Oliver Aguilar Yunes, ex funcionario del SAT y sobrino del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del diputado federal Héctor Yunes Landa.

Casualmente el 12 de septiembre, día en que el agroempresario fue ejecutado en la comunidad de Los Tigres, en redes sociales circuló un mensaje de un grupo contrario a “Los Piñas”, en el que expresaban a la familia “nuestras sinceras condolencias por lo hoy sucedido con el sr. monche gasperin (sic), una persona del todo intachable i (sic) gente trabajadora a la cual le truncaron su vida…”

En ese mismo mensaje señalaban directamente como autores de este crimen a “las malditas ratas de los mugrosos piñas beto rodríguez i jacinto rodriguez quienes cobardemente vienen haciendo esto por años con su mugrosa gente que los apoya en Cd. Isla, Rodríguez Clara, Villa Azueta, Cujuliapan, El Aguacate i sus alrededores (sic)…”

“¿Que esperan para entregarnos a esta gente, a estas 2 basuras de seres humanos, no saben cómo deceamos que les pongan el dedo, ya traemos gente en la zona trabajando, solo les pedimos que nos digan como llegar a ellos, de lo de más nosotros nos encargaremos… (sic)”.

Según versión que corre en círculos policiacos, “Los Piñas” presuntamente también estarían implicados en el homicidio del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado en noviembre de 2019 en su rancho de Medellín de Bravo, crimen que la Fiscalía General del Estado le está imputando a Itiel Palacios García, (a) El Playa o Compa Playa, detenido el pasado 3 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato, y quien había asumido el dominio de los municipios veracruzanos de Playa Vicente, su terruño natal, José Azueta, Santiago Sochiapan, Isla y Juan Rodríguez Clara, así como los de Tuxtepec, Matías Romero, María Lombardo y Loma Bonita, del lado oaxaqueño, tras la muerte de Leonardo Hernández, (a) “El Brujo”, considerado el principal generador de violencia en esa zona istmeña y el cual fue asesinado el 27 de abril de 2018 durante una pelea de gallos.

MUJERES AGRAVIADAS

Una de las banderas que durante décadas enarbolaron los partidos y movimientos de la izquierda en México y Veracruz ha sido el de los derechos políticos y sociales de la mujer; sin embargo, la actual administración estatal y algunos gobiernos municipales de Morena y del PRD han quedado a deber en esta materia.

Veracruz no sólo es la segunda entidad con el mayor número de feminicidios en el país, sino que algunos alcaldes morenistas y del partido del sol azteca han sido denunciados también por violencia política de género.

Una referencia del aparente desinterés gubernamental es que a la fecha el Instituto Veracruzano de la Mujeres (IVM) carece de titular y es dirigido por una “encargada”: Rocío Villafuerte Martínez.

María de la Cruz Jaimes Huerta, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, recién declaró que el IVM no funciona y que esta administración se encargó de desmantelar la única estructura que durante años fue adquiriendo experiencia y formación para brindar una mejor atención a las mujeres veracruzanas víctimas de violencia y para llevar a cabo un cabo acciones preventivas.

Y si el IVM no funciona, los institutos municipales menos, pues la feminista dijo que son manejados con una visión política que nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, además de que sus titulares no cuentan con la formación necesaria, fingiendo que “hacen algo ”pero sin brindar siquiera apoyo jurídico a las mujeres víctimas de violencia.

¿Acaso las encargadas de los organismos municipales van a proceder contra los alcaldes que las nombraron ahí? ¡Por supuesto que no!

La semana antepasada, por ejemplo, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo dictaminado por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de reconsideración SUP-REC-108/2020, modificó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que había resuelto la existencia de violencia política en razón de género perpetrada por el alcalde perredista Juan Carlos Mezhua contra la regidora cuarta del Ayuntamiento, determinando que sólo hubo obstrucción del munícipe en el ejercicio del cargo de la edil.

El 6 de agosto, la misma Sala Regional Xalapa del TEPJF también confirmó sendas sentencias emitidas por el TEV que, entre otras cuestiones, declararon fundada la violencia política en razón de género, por una parte, ejercida por el presidente municipal de Altotonga en contra de la regidora quinta del Ayuntamiento, derivada de la obstaculización del ejercicio de su cargo y, por otra parte, la ejercida por diversos integrantes del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en contra de la regidora decimoprimera.

Recientemente, también, la Sala Regional Xalapa del TEPJF determinó que el presidente municipal de Coatzacoalcos, el morenista Víctor Carranza Rosaldo, ejerció violencia política de género en contra de la Síndica única, Yazmín Martínez Irigoyen.

Otros alcaldes acusados ​​también de violentar a sus ediles son el tuxpeño Juan Antonio Aguilar Mancha (PAN-PRD), denunciado por la regidora quinta Beatriz Piña Vergara, y el de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, por la síndica María Griselda Mora.