PANDEMIA ABRE NUEVOS PENDIENTES RELACIONADOS CON EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

  • Mónica González Contró pide atender el regreso a clases, la brecha digital y el rezago en vacunación.

CIUDAD DE MÉXICO. La pandemia ha abierto agendas específicas relacionadas con el bienestar y la protección de las niñas, los niños y los adolescentes en México que se deben atender de manera urgente, como su derecho al regreso a clases de manera expedita y segura y a la reducción de la brecha digital que se puso de manifiesto durante el confinamiento.

Incluso, destaca en entrevista la doctora Mónica González Contró, se debe remontar el retroceso en derechos ya conseguidos, como en materia de vacunación. “Ha habido niños que no están siendo vacunados por la emergencia sanitaria, y esto era algo que habíamos hecho históricamente bien”.

Señala, en el marco del Día Internacional del Niño, que otra agenda pendiente es “la atención a los niños sin cuidado familiar, los que están en albergues. Hace falta realizar un registro nacional de centros de asistencia social que eche luz sobre cuántos niños hay y cuál es su situación jurídica”.

Afirma, asimismo, que “urge un cambio cultural que desnormalice la violencia como medio de crianza; hacer reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, y al Código Civil Federal para prohibir el castigo corporal y humillante; así como recuperar para los infantes los espacios públicos, el derecho al juego y a participar de la vida cultural, no sólo a admirarla”.

La especialista en los derechos de este sector, integrado por casi 40 millones de personas de 0 a 17 años, según cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), admite que hay muchos retos, a pesar de que el balance legislativo es bueno.

Los niños y adolescentes están bien representados en la Constitución Mexicana, gracias a una labor realizada durante los últimos 20 años y a partir de 2014, cuando se instalaron el Sipinna y las procuradurías de protección. Ahora se deben fortalecer estas instituciones asignándoles un mayor presupuesto, pues siempre han tenido un déficit, para que puedan apostar por la especialización”.

La profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM dice que el Estado mexicano es el responsable y debe garantizar que niños y adolescentes vivan en condiciones adecuadas. “Es uno de los sectores más vulnerables jurídicamente hablando, pues ellos están sujetos a la patria potestad; es decir, se los somete y su representación jurídica se da automáticamente a los padres, y ¿si ellos son quienes los violentan? Por eso necesitan mucha vigilancia”, añade.

González Contró detalla que las palabras niñas y niños aparecen en el artículo cuarto constitucional. “Éste fue reformado en el 2000 para tratar de adecuar la Constitución Mexicana a los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por México en 1990”.

Aclara que la Carta Magna de 1917 no establecía nada para las personas menores de 18 años. “Fue en 1980 cuando los menores aparecen por primera vez en el texto constitucional, pero sólo como recipiendarios de derechos”.

Una de las reformas más importantes, narra, fue la ocurrida en 2011, que modifica el artículo primero para incorporar los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos.

Interpretamos que los 54 artículos de la Convención están incorporados al texto constitucional. En ésta se reconocen la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de tránsito, la protección de datos personales, el derecho a la educación en derechos humanos, los derechos de los niños refugiados y migrantes, el entorno familiar y otro tipo de tutela, los niños con discapacidad, el juego, el esparcimiento, el descanso.

Es un documento muy completo que va más allá del derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, indica.

Concluye que los niños y adolescentes en México están bien protegidos por la Constitución.

Pero hace falta consolidar las instituciones creadas para ellos, documentar puntualmente la problemática que enfrentan y, así, elaborar las políticas públicas adecuadas para su mejor desarrollo”.