Arca municipal no vio 8 mil mdp en seguridad; oposición critica resultados
- Federación concentró el apoyo económico en la Guardia Nacional y le quitó el subsidio a los municipios.
CIUDAD DE MÉXICO.
Aunque los municipios más inseguros perdieron ocho mil millones de pesos porque la Federación canceló el subsidio para fortalecer la seguridad pública municipal, la inversión federal para atender los múltiples factores que inciden en el fenómeno delictivo del país llegó a un billón 622 mil pesos, luego de una década de apostar por corregir las causas sociales de la violencia.
Considerado por la oposición como uno de los puntos débiles del gobierno federal, la inseguridad y la violencia se mantienen en diferentes puntos del país y aunque las cifras del Inegi muestran una disminución en el índice delictivo, desde la perspectiva de los legisladores de oposición el fenómeno delincuencial está en niveles no vistos.
Frente al incremento constante de la inseguridad en México, durante la primera década de este siglo, el gobierno federal decidió revitalizar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), creado en diciembre de 1998, a fin que las entidades federativas contaran con recursos etiquetados para atender el tema.
Y en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón se creó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) destinado a los municipios más inseguros, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto cambió de nombre a Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y fijó un monto anual de cinco mil millones de pesos.
Así, entre 2006 y 2018 la Federación canalizó a los estados y municipios más inseguros un total de 152 mil 151 millones de pesos.
El actual gobierno mantuvo el Fortaseg, pero con un monto anual menor, pues en 2019 le asignó cuatro mil nueve millones 124 mil 98 pesos y en el 2020 cuatro mil millones de pesos, que se distribuyeron entre 286 municipios considerados de mayor incidencia delictiva.
Pero a partir del ejercicio fiscal de este 2021 desapareció el Fortaseg y en el 2022 el Presupuesto de Egresos de la Federación nuevamente lo excluyó, por lo que los municipios más inseguros perdieron en dos años ocho mil millones de pesos de ese subsidio.
El FASP, que es un Fondo incluido desde 1998 en la Ley de Coordinación Fiscal, no puede desaparecer por decisión unilateral del Ejecutivo Federal, sino que debe reformarse la ley. En 2019, 2020, 2021 y 2022, este Fondo suma 30 mil 337 millones 643 mil 207 pesos.
De esta forma, el total de dinero entregado a los estados y municipios para atender los problemas de inseguridad en los estados y municipios, desde 2006 hasta el 2022 suman 183 mil 297 millones 767 mil 305 pesos.
Atender las causas de la delincuencia
Pero desde 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió que el combate a la inseguridad no debía quedarse en el terreno del enfrentamiento directo con los grupos criminales, sino atender las causas que motivan el incremento de la inseguridad.
Ante ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto realizó investigaciones para detectar las principales colonias de origen de las mujeres y hombres detenidos en los reclusorios y centros de adaptación social de todo el país; emprendió un trabajo para recuperar espacios públicos, generar empleo, acercar la educación, facilitar la producción en el campo, en los casos que así se requiriera y mejorar la infraestructura de esas comunidades.
Por eso, en 2013 surgió un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado “Acciones para la prevención del delito, el combate a las adicciones, el rescate de espacios públicos y la promoción de proyectos productivos”, donde se ubicó el presupuesto de dependencias como Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Educación Pública, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Transportes; la Policía Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Ese Anexo arrancó en 2013, con un monto total de 118 mil 801 millones 561 mil 826 pesos y en 2018 concluyó con un total de 148 mil 24 millones 363 mil 362 pesos.
El 24 de julio del 2014, Excélsior informó que el gobierno detectó que en tres mil 234 colonias del país se origina la violencia, de acuerdo con el reporte que el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, entregó al Senado y quien explicó que la cifra se obtuvo a partir de dar seguimiento al historial de presos a escala nacional.
En ese año, las zonas de origen de los actuales presos en las cárceles mexicanas pertenecen a 95 de los dos mil 440 municipios de México.
El actual gobierno federal, que también tiene el enfoque de atender las causas que generan la delincuencia, mantuvo el criterio del Anexo del PEF con la misma denominación. En 2019 arrancó con 172 mil 299 millones 937 mil 828 pesos.
La revisión del PEF permite ver que el aumento de este presupuesto ha sido constante y a partir del 2021 rebasó los 200 mil millones de pesos, porque incluyó el presupuesto de la recién creada Guardia Nacional. Para el 2022 este sexenio muestra que la inversión federal para atender la inseguridad y sus causas será de 221 mil 287 millones 380 mil 697 pesos.
En los 10 ejercicios presupuestales que implican 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, suma un total de un billón 622 mil 911 millones 78 mil 35 pesos destinados a las “acciones para la prevención del delito, el combate a las adicciones, el rescate de espacios públicos y la promoción de proyectos productivos” y que abarca a diversas dependencias.
La incidencia delictiva
Con base en los datos del Inegi, cuando en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió apostar cerca de 119 mil millones de pesos a tareas multifactoriales del crimen, además de enfrentarlo directamente, la incidencia delictiva en el país fue de 41 mil 563 delitos por cada 100 mil habitantes.
Hacia el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2018, la incidencia delictiva se ubicó en 37 mil 807 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que implicó una evidente disminución.
Ya con este gobierno, de acuerdo con el Inegi, en 2019, la incidencia delictiva fue de 33 mil 659 delitos por cada 100 mil habitantes; en 2020, año de encierro por la pandemia de covid-19, la incidencia delictiva fue de 30 mil 601 delitos por cada 100 mil habitantes y hasta el tercer trimestre de este 2021, la incidencia delictiva es de 23 mil 520 delitos por cada 100 mil habitantes.
En la óptica de la estrategia de seguridad de este gobierno, aprobada por el Senado en el año 2019, no existe una sólida confianza en las tareas de combate a la delincuencia que realizan los gobiernos municipales, por lo que la idea es que la Federación atienda el tema; por eso la desaparición del subsidio a los municipios, pero el incremento considerable en el dinero que va a la Guardia Nacional, que en 2021 tuvo un presupuesto anual de 27 mil 961 millones 271 mil 330 pesos y para el 2022 tendrá 29 mil 803 millones 368 mil 492 pesos.
Aunque la vicepresidenta del Senado, Verónica Martínez, expresó desde el primer momento su inconformidad con la desaparición del Fortaseg, en las comisiones del Senado no avanzó su petición formal a la Federación de reestablecerlo, porque en la lógica de los legisladores de Morena es la Guardia Nacional la que atiende los temas de inseguridad en los municipios, cuando sus elementos policiacos se ven rebasados.
La crítica
Pero frente a la realidad financiera y de estadísticas de incidencia delictiva, la oposición resalta que los resultados no son positvos.
El 14 de diciembre, cuando el pleno del Senado aprobó el Informe de la Guardia Nacional, el senador Emilio Álvarez Icaza dijo que “han sido 93 civiles ejecutados a manos de la Guardia Nacional de julio de 2019 a junio de 2021, justo de acuerdo con información proporcionada por las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional.
“La segunda unidad administrativa de la Guardia Nacional, también con atribución de llevar registros, la unidad de órganos especializados de competencia contestó que han sido ejecutados 16 personas en manos de integrantes de esta corporación de julio 19 a junio del 20.
“El índice de letalidad del nuevo cuerpo policial es 55% menor al registrado por la Policía Federal en el mismo período del expresidente Peña Nieto y 28% que el registrado por la Policía Federal en el mismo periodo de Felipe Calderón”, resaltó.
El panista Damián Zepeda añadió que la estrategia de seguridad pública es un fracaso.
“No está bien que no se nos haga normal el que lleguen coches bomba, como en Hidalgo, a explotar cárceles. Que no se nos haga normal que lleguen y baleen palacios municipales, como en mi estado, en Sonora. Que no se nos haga normal los muertos colgados del crimen organizado o los incendios de los negocios, no es normal lo que está pasando en el país. Basta de taparnos los ojos.
“Y si vemos que al mismo tiempo no se les persigue a los delincuentes, que bajan los decomisos de drogas, que está la Ley de Amnistía, la verdad, perdón, pero parece que se están volteando a otro lado”, afirmó.
