PAN propone a Legislatura derogación de ultrajes a la autoridad, ante retraso del ejecutivo
|- Expuso que esta iniciativa es una respuesta a las múltiples quejas de violación de Derechos Humanos.
Xalapa
Ante el retraso del titular del Ejecutivo del gobierno del Estado de Veracruz, de enviar una iniciativa para derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura presentó la propuesta.
A nombre de la fracción del albiazul, el diputado Jaime de la Garza, expuso que esta iniciativa es una respuesta a las múltiples quejas de violación de Derechos Humanos que se han cometido con estos delitos y que mantiene en la cárcel a más de 2 mil 500 personas.
Por ello, se propone la derogación total del delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 y, además, la derogación del delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública, previsto en el artículo 371 Quinquies del Código Penal, que contempla una pena de 7 a 15 años de prisión, que resulta incluso mayor a la de ultrajes a la autoridad.
“Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, la redacción de los delitos mencionados es contraria al principio de certeza, que debe caracterizar a las normas jurídicas, especialmente en materia penal. Estos delitos, abarcan múltiples opciones sobre situaciones de realización incierta; además, el término “amenazar” o “agredir” da lugar a interpretaciones confusas, ambiguas y vagas, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica” explicó.
Dijo que le corresponde al Poder Legislativo, definir un hecho delictivo, y esto debe procurar que estos sean claros y precisos, para que todas las personas conozcan con certeza cuáles conductas son punibles y cuáles no.
En el mismo orden de ideas, dijo que la alta incidencia de denuncias por ultrajes a la autoridad contra la policía, refleja incapacidad, escaso entrenamiento y falta de equipamiento para desempeñar esa función.
Finalmente, insistió que la Ley se debe derogar, pues su contenido carece de claridad y exactitud en la definición del hecho calificado como delito.