Gobierno criminaliza a los abogados que piden derogar ultrajes

• Evade Recomendación CNDH 146/2021.
• “Nos quieren desarmar legalmente”, acusó al advertir que la exigencia para la derogación de este delito, podría estar “pagada” por grupos criminales.
• El Ejecutivo, confirmó que en el tema de ultrajes a la autoridad será el Congreso local la instancia que determinará la derogación del delito, por lo que se retrasaría aún más.

Xalapa

A pesar de que fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que recomendó derogar inmediatamente el delito de ultrajes a la autoridad, esto, después de la intervención del Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila; la CNDH dirigió la Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV); en contra de seis jóvenes.

Sin embargo y pese a lo anterior, el Gobierno de Veracruz continuó con su discurso contradictorio y aseguró que “Nos quieren desarmar legalmente”; al advertir que la exigencia para la derogación de delitos de ultrajes a la autoridad podría estar “pagada” por grupos criminales que se han visto afectados con las detenciones.

Ejemplificó la balacera ocurrida este lunes en la colonia Río Medio del puerto de Veracruz, pues dijo que “ponen el grito en el cielo” por lo que pasó, pero quieren derogar el delito de ultrajes que es usado para la detención de jefes de plaza.

“Todos ponen el grito con lo que pasa en el puerto de Veracruz, pero por otro lado dicen ‘que no haya ultrajes’ ahí está. No fueron dos o tres segundos. Nosotros no vamos a permitir ni venganzas, ni ajustes de cuentas, ya sean internas o entre bandos de la delincuencia organizada, vamos sobre ellos parejo, contra unos y otros, esa es la instrucción. Esa es la capacidad de poder y debemos tener las leyes para entrarle a ese tipo de temas, nos quieren desarmar legalmente”.

En su segunda conferencia de prensa de esta semana, el Ejecutivo comentó que los grupos delincuenciales podrían usar a abogados para manifestarse en contra de este delito para lograr su derogación, de ahí el interés de protestar en la plaza Lerdo, como sucedió el fin de semana pasado.

“Por eso yo dudo de algunos abogados que están pronunciándose contra ultrajes, qué vamos a hacer cuando pase lo de Veracruz; si ellos se fueron contra algunos elementos de seguridad cometieron el delito de ultrajes, vamos por ellos y hasta cabe la detención, por eso se diseñó la modificación (…) ¿No creen que este tipo de grupos están interesados en pagar a ciertos abogados para decirles ‘vente a plaza Lerdo para que quiten el delito de ultrajes’?”, preguntó.

El estado insistió en que aunque han detenido a 40 jefes de plaza por ultrajes a la autoridad, se han aprehendido a por lo menos 62, y que en el caso del puerto de Veracruz sigue el operativo para dar con los responsables pero que ya hay avances.

“No vamos a permitir lo que eso genera, menos en el puerto de Veracruz, en ningún lado, así que sus venganzas, sus ajustes, sus enfrentamientos aquí no, vamos sobre ello y uno de los recursos que tenemos es ultrajes a la autoridad porque fue diseñada precisamente contra este tipo de actos y ahora nos lo quieren quitar (…) Ya hay resultados de ese evento, del operativo contra ese evento ya tenemos resultados, estamos afinando porque el operativo no se ha detenido, todavía sigue”.

El Ejecutivo, confirmó que en el tema de ultrajes a la autoridad será el Congreso local la instancia que determinará la derogación del delito, pero pidió que se analice de manera integral el tema.

“El Congreso decidirá, lo que pido es que analicen bien porque no es derogar por derogar; yo ya envié mi propuesta pero el análisis corresponde al Congreso, que no hagan lo del 2003 que un diputado votó a favor y ahora dice que está mal, si era Julen, yo no lo quería creer, pero resultó que el diputado local Julen es diferentes al senador Julen, así de congruentes son”.

Además, negó que haya plazos que obliguen a los diputados locales a acatar la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Que el Congreso decida, que ellos vean las formas, no hay plazos, ellos son un órgano soberano y podrán decidir, pero sí es importante que vean el tema del artículo 19 de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos que dice que la prisión preventiva oficiosa está catalogada para cuando se ejerza violencia”.

También se refirió al posicionamiento de la Corte en torno a la prisión preventiva al determinar que los órganos jurisdiccionales pueden decidir si prolongan o cesan la prisión preventiva contra una persona sujeta a un proceso penal cuando se hayan rebasado los dos años de plazo para dictar sentencia.

En ese tema dijo que esta resolución no influirá en los detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad pues dijo que las agravantes solo prevén un año de prisión preventiva oficiosa.

“La SCJN se pronunció con respecto a la prisión preventiva que luego se excede y pidió una reconsideración a dos años, eso no tiene que ver con el delito de ultrajes a la autoridad, las agravantes de este delito no tienen ni un año, por lo tanto no cabrían ahí. No olvidar que la prisión preventiva oficiosa está en el artículo 19 Constitucional, es mandato Constitucional y la tenemos que acatar todos. Si alguien no está de acuerdo con eso tiene que quitar de la Constitución qué partes no; mientras la agresión con violencia esté en el texto Constitucional debe ser prisión preventiva oficiosa”.

Dijo que por ello “los eruditos en materia penal” deben analizar cómo hacer para que en el Código Penal de Veracruz sea consecuente con el mandato constitucional, “nosotros hicimos una reforma en función de ese mandato constitucional para que sea efectiva la prisión preventiva”.