¿Fiscalía y PJEV empoderados o doblegados al Ejecutivo?
|- Yolli García Álvarez, permanece detenida, hospitalizada y encadenada; a pesar de que los delitos que le señalan, no son considerados graves.
- La ex titular del IVAI, permanece en prisión como “presa política”, por entregar información de la adquisición de 160 patrullas y de un Subsecretario de SEFIPLAN.
Xalapa
En esta administración estatal, toda apuntaría a que hay sumisión de la Fiscalía y del Poder Judicial al Ejecutivo.
Previo a la detención de Yolli García Álvarez, ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IVAI, realizada el 26 de marzo de 2020, hace casi dos años, la ex funcionaria recibió amenazas luego de que hizo enojar al Ejecutivo con dos resoluciones del organismo a su cargo.
Adán Armenta, esposo de la ex funcionaria, explicó que el caso por el que permanece en prisión se remonta a julio de 2019, cuando el pleno del IVAI resolvió que la Secretaría de Seguridad Pública debía entregar la información sobre la adquisición de 160 patrullas que un ciudadano le solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia, con lo cual se echó abajo la decisión del gobierno del Estado de reservar hasta por cinco años toda la información relacionada con ese caso. Pero lo que más molestó al Ejecutivo, fue la decisión del pleno del IVAI de ordenar a la Contraloría General del Estado entregar la información sobre el expediente de un funcionario de la Secretaría de Finanzas y Administración (Eleazar Guerrero Pérez) quien es familiar directo de un alto funcionario del gobierno, lo cual lo colocó en una situación de conflicto de interés.
El esposo de la ex comisionada afirmó que ambas situaciones habrían molestado al Ejecutivo y eso es lo que explica que un día después de haber dejado el cargo haya sido detenida y ahora sea una “presa política”.
De acuerdo con un reportaje del periodista Diego Badillo, familiares y amigos de la presidenta del IVAI denunciaron que fue detenida y permanece en prisión como represalia a las resoluciones citadas. Adán Armenta recordó que García Álvarez fue detenida un día después de concluir su cargo, acusada de haber nombrado, junto con otros dos comisionados con los que integraba el pleno del IVAI, a personal del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, presuntamente sin tener atribuciones para ello. No obstante, de acuerdo con Benito Carpinteiro, abogado de la excomisonada, fue acusada de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, lo cual es irregular porque le imputan los tres delitos con la misma acción. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2020, la acusaron de cometer el delito de omisión, por no haber dotado de presupuesto al OIC, a pesar de que el Gobierno del Estado no etiquetó presupuesto para ello.
El esposo de la ex comisionada aseguró que, aunque ninguno de los delitos es considerado grave, el juez penal que lleva el caso, Gregorio Esteban Noriega Velasco dictó prisión preventiva con el argumento de que podría darse a la fuga (a pesar de que acreditaron que vive en Veracruz desde hace más de 10 años y que sus hijos van a la escuela en el Estado) y ordenó su reclusión en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en la ciudad de Xalapa. Además, destacó que a los otros dos excomisionados sí se les permitió seguir el proceso en libertad. El abogado Carpinteiro dijo que la denuncia que permitió la captura de García Álvarez fue interpuesta por el titular del Órgano Interno de Control, OIC, del IVAI, Alfonso Velásquez Trejo, por considerar que los nombramientos de dos funcionarios de esa área fueron realizados por el pleno sin contar con facultades para ello.
Eso a pesar de que el propio Velázquez Trejo fue quien propuso al pleno los nombres de los funcionarios que, por cierto, siguen trabajando hasta la fecha en el IVAI en los mismos cargos. Recordó que el entonces Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, quien solicitó y obtuvo orden de aprensión contra la excomisionada, fue nombrado posteriormente comisionado del IVAI.
Por otra parte Adán Armenta informó que su esposa actualmente está en el Hospital Civil de Xalapa, debido a que su estado de salud es muy delicado. Ahí le diagnosticaron fibrilación auricular, lo cual puede derivar en paro cardiaco o derrame cerebral. Concluyó que aunque han solicitado permiso para que la atienda su médico particular no se lo han autorizado y tampoco les han dado acceso al expediente médico.